García Moreno: un falso constructor del Estado nacional

Está circulando desde julio del 2016 el más reciente libro de Enrique Ayala Mora, García Moreno su proyecto político y su muerte, donde defiende la tesis, compartida por otros conocidos autores, del papel supuestamente cumplido por ese representante del conservadorismo ecuatoriano de constructor del Estado nacional. Hace varios años Oswaldo Albornoz Peralta escribió este trabajo para, desde una óptica marxista, refutar esa interpretación que, dado el prestigio y mayor posibilidad de sus defensores de difundir sus ideas en nuestro medio, se va convirtiendo en casi verdad aceptada y repetida en las instituciones educativas. Lea, compare y juzgue.

García Moreno: un falso constructor del Estado nacional[1]

Oswaldo Albornoz Peralta

Tergiversando los hechos o interpretándolos artificiosamente, la derecha ecuatoriana presenta a García Moreno como mandatario progresista y gran constructor de nuestro Estado Nacional, para aparecer así, junto a él, como partícipe de esos atributos. Desafortunadamente, sin examinar de manera exhaustiva esa tesis y guiados tan solo por unos pocos datos de diverso carácter, no han faltado quienes han caído en esa trampa.

La formación de la nación moderna, producto del desarrollo histórico de la sociedad, alcanza su culminación solamente cuando se descompone el sistema feudal y se afirma el capitalismo que crea relaciones económicas estables y un mercado interno único en la comunidad territorial. Sin desarrollo capitalista, no existe nación.

Por tanto, todo lo que favorece el desarrollo capitalista, afianza el carácter nacional de un pueblo. Y al contrario, lo que se opone y obstaculiza ese desarrollo, es de índole antinacional.

Ricaurte Soler, destacado escritor panameño, señala con toda razón, dos fuerzas como esencialmente antinacionales: los terratenientes y el clero.

Y son precisamente estas fuerzas, no otras, las que dominan y gobiernan durante el periodo garciano.

Los terratenientes de carácter feudal son los mayores propietarios de la tierra, y ese sistema de propiedad determina el régimen político de todo el país. El carácter terrateniente del gobierno de García Moreno es tan manifiesto que no ha podido ser negado ni por los mismos autores que le califican de progresista, por lo cual, para endilgarle este mote, han tenido que recurrir a otras sutiles y forzadas argumentaciones.

La dominación garciana significa un periodo de afirmación y expansión del latifundio. Se crean, para esto, todos los medios conducentes a ese fin, especialmente los más idóneos, aquellos de carácter jurídico. El reparto de tierras baldías a los grandes propietarios, expropiando a los campesinos, es uno de los procedimientos más usuales. Las tierras de las comunidades indígenas son usurpadas constantemente, por la fuerza, o valiéndose de los más obscuros subterfugios. Los contratos de obras públicas, según afirma Manuel Chiriboga, se pagan con grandes extensiones de tierra en el Oriente y en la provincia de Esmeraldas, “autorizando casi siempre el desalojo de las tribus no reducidas”. También “se remataba el arriendo de grandes zonas, como las montañas de Bulu Bulu, otorgadas a José García Moreno, hermano del presidente, zonas que a su vez eran continuamente cercenadas”.[2]

El concertaje es el complemento del latifundio, puesto que constituye la mano de obra necesaria para su funcionamiento. Por esto, varios instrumentos legales, se dictan para facilitar el abastecimiento de conciertos o para asegurar su permanencia en las haciendas. La usurpación de tierras comunales, sobre todo, conducen a lo primero. Y los reglamentos de policía, que persiguen con saña a los trabajadores conciertos que tratan de huir de la férula de los terratenientes, preserva lo segundo, con mayor fuerza quizás, que en los gobiernos de Juan José Flores.

Esta situación es resumida por los sociólogos Rafael Quintero y Erika Sylva en la siguiente forma:

El Estado amparó a los terratenientes fundamentalmente por medio del aparato jurídico, que brindó el marco legal para todas aquellas medidas coercitivas, usurpadoras y represivas. El aparato jurídico funcionó, de esa manera, como sancionador legal de la arbitrariedad terrateniente, coadyuvó al fortalecimiento de la hacienda y consolidó la dominación directa legitimando los órganos represivos operantes en el latifundio.[3]

Ante la arbitrariedad y la explotación terrateniente –protegidas por el Estado– a los campesinos, especialmente a los indígenas que son los más afectados, no les queda otro recurso que la resistencia. La rebelión de Fernando Daquilema, como sabemos, es la de mayor envergadura.

El latifundio clerical.

Ricaurte Soler, después de hacer un breve recuento sobre la riqueza territorial del clero americano, expresa lo que sigue:

El clero constituyó, pues, subjetiva y objetivamente, una clase social antinacional. Absorbiendo parte considerable de la población, materialmente improductivo e ideológicamente retrógrado, el clero acumuló inmensas propiedades incompatibles con el desarrollo capitalista. Sus “bienes de manos muertas” constituyeron, efectivamente, un peso muerto, un tremendo obstáculo en la tarea de unificar económicamente las diversas regiones hispanoamericanas. Privilegiados por el “fuero eclesiástico”, cuerpo aparte en la sociedad civil, Estado dentro del Estado, frenó los sueños de organización estatal-nacional económica, social, administrativa y políticamente.[4]

Sin suscribir la categoría de clase que da al clero el autor citado, es evidentemente cierto todo lo que deja expuesto y, por lo mismo, aplicable a la realidad ecuatoriana.

En efecto, para nadie es desconocido que el clero es, durante todo el siglo XIX, el mayor latifundista del Ecuador. Por múltiples medios, no siempre lícitos, a través de toda la colonia ha venido acaparando tierras en todos los confines, sólo restadas por la expulsión de los jesuitas, cuyas propiedades van a parar a manos de la aristocracia criolla. Pero, dada la magnitud de lo acrecentado, ni siquiera este enorme traslado al latifundio laico, logra hacer mayor mella en el poder económico alcanzado.

La causa principal para el continuo crecimiento de los bienes raíces eclesiásticos, es sin duda su inmovilidad, el carácter de “manos muertas” que tienen. Para impedir ese crecimiento y propender a su libre circulación, durante la existencia de la Gran Colombia, se toman algunas medidas al respecto. Sobre este particular, David Bushnell dice:

El Congreso de 1824 decretó la prohibición de toda futura transferencia de propiedad a manos muertas. Las funciones religiosas del tipo de las capellanías podrán establecerse pero solo si sus propiedades se hacían alienables, y todas las formas de propiedad raíz dadas al clero en calidad de manos muertas tenían que ser vendidas en pública subasta y su valor pagado a la tesorería nacional. El Estado, a su turno, se comprometía a pagar anualmente los intereses que la venta podía determinar.[5]

Y la Ley de Patronato, por otro lado controla las rentas de la Iglesia.

Una vez separado el Ecuador de la Gran Colombia, en 1851, el presidente Diego Noboa deroga la obligación de vender los legados en pública subasta, disponiendo que los monasterios de uno u otro sexo entrarán sin obstáculo alguno en libre posesión de los bienes raíces, que en vida o al morir, se les dé por título lucrativo con arreglo a las leyes”.[6] Además, para su venta, se señala que se deben guardar los requisitos canónicos y obtener la autorización de la Asamblea Nacional. Con esto, tal como observa el escritor Manuel Medina, se tiende a la conservación del patrimonio eclesiástico al margen de todo intercambio comercial, ya que las disposiciones canónicas tienen como principal finalidad el acaparamiento de bienes.

Es de advertir, que las donaciones o legados, sobre todo los adquiridos de parte de los moribundos, es uno de los métodos más usuales para la adquisición  de bienes raíces. Los clérigos, poniendo por delante las penas del infierno, obtienen de las personas en trance de muerte valiosas propiedades en perjuicio de los legítimos herederos. El ministro del presidente Robles, doctor Antonio Yerovi, en la Exposición que presenta al Congreso de 1858, denuncia esta práctica con relación a los censos. También Joaquín Chiriboga, en su libro La luz del pueblo, anota así mismo actos de igual naturaleza, que él, como ex-sacerdote, los conoce bien a fondo.

       

El presidente García Moreno con los prelados de la Iglesia católica luego de la firma del Concordato. Grabado

    

El Concordato, negociado por García Moreno, empero, se constituye en el mejor instrumento para el acrecentamiento del patrimonio eclesiástico. Si antes la Iglesia sólo podía adquirir bienes por legado o donación, ahora, expresamente, se deroga esta disposición. El artículo 19 establece que la “Iglesia gozará del derecho de adquirir libremente y por cualquier justo título, y las propiedades que actualmente posee y las que poseyerá después, le serán garantizadas por la ley”. Se añade que la “administración de los bienes eclesiásticos corresponde a las personas designadas por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán las cuentas y los reglamentos económicos”.[7] Así, desaparece totalmente la vigilancia sobre tales bienes, dispuesta anteriormente por la Ley de Patronato.

Manuel Medina, después de analizar el alcance del Patronato, extrae esta justa conclusión:

Y así, al amparo de la ley de Concordato, la iglesia afianza e incrementa su patrimonio, extendiéndole infinitamente sobre las mejores tierras del Ande y perpetuando sobre ellas la esclavitud del indio. Gran propietaria en la Colonia. Bastión inamovible del feudo medieval y del trabajo servil. Hasta la Revolución Liberal.[8]

El poder económico de la Iglesia, entonces, es inmenso. Y su latifundio, por inmóvil e infraccionable, por estar sometido a una administración más regular y hallarse diseminada por todo el territorio nacional, tiene amplias ventajas sobre el latifundio laico. Esto explica –aparte del poder ideológico que detenta monopólicamente– la posición dirigente que ocupa durante el régimen garciano. Es la vanguardia, sin duda, de la clase terrateniente.

En suma, es el latifundio, tanto laico como clerical, el obstáculo mayor para la formación de un mercado interno único. Manteniendo al campesinado en condición servil y sumido en la miseria –al indio sobre todo– que en ese entonces constituye la inmensa mayoría de la población, es imposible extender el mercado y propender a la monetización del campo. Sin salario ¿qué puede comprar el trabajador indígena? Toda mercadería se halla fuera de su alcance.

Esta limitación del mercado, como se puede suponer, constituye un gran impedimento para un mayor desarrollo manufacturero e industrial.

           

Por otro lado, los bienes de “manos muertas” –que ya sabemos las proporciones que alcanzan– al mantenerse inmovilizados y al margen de las transacciones comerciales, como todo el mundo reconoce, son una traba para el desarrollo de la agricultura. Igualmente, los diezmos y censos, complemento del latifundio clerical.

Es extraño, por lo expuesto, que quienes han calificado a García Moreno de progresista y constructor de la nación, pasen por alto el problema agrario y se refieran únicamente a otros aspectos económicos menos importantes, evadiendo así, lo que sin duda es fundamental.

El valioso investigador Fernando Velasco por ejemplo, para sostener esta tesis, señala la construcción de una infraestructura vial, el incremento del comercio, la fundación de bancos y el aumento de las renta del presupuesto nacional.

Es cierto que existen avances en este género. Y esto es muy explicable, pues las relaciones capitalistas, nacidas en la entraña de la feudalidad, habían venido desarrollándose desde mucho atrás, y si bien ellas pueden ser obstaculizadas, no pueden desaparecer, porque lo nuevo siempre se impone a lo viejo. Esta es una ley ineludible que garantiza el paso de un modo de producción a otro.

Las vías de comunicación, que indudablemente facilitan el intercambio, no pueden surtir mayor efecto si no están en consonancia con el aumento de la producción y de la capacidad adquisitiva de las masas frenados por el latifundio. De otro lado, el incremento vial, pese a las muertes de los indios que ocasiona, es bastante relativo. Gran parte de los proyectos viales de García Moreno no se realizan y otros son abandonados y terminan en fracaso. Algunas provincias son completamente olvidadas.

El florecimiento del comercio puede calificarse de notable, pero está fincado principalmente en el florecimiento de las exportaciones de cacao que, como es obvio, no depende de ninguna medida gubernamental, sino de causas de carácter externo. Las exportaciones de Guayaquil entre 1870 y 1875 alcanzan a 21 millones 718 mil 614 pesos, correspondiendo al cacao la suma de 14 millones 282 mil 965, o sea el 66,2%, es decir a las dos terceras partes. Este puerto, entonces, adquiere la categoría de importante centro comercial, razón por la que se instalan allí algunas agencias de compañías europeas de navegación.

La creación de algunos bancos –signo capitalista– es consecuencia directa de la intensificación de las exportaciones de cacao y la consiguiente acumulación de capitales, por lo que, a excepción de uno, se ubican en la ciudad de Guayaquil. El principal es el Banco del Ecuador, que logra adquirir preponderancia porque “se había comprado al gobierno con un préstamo de 500 000 pesos” [9] y por contar con padrinos poderosos, como Antonio Flores y Pedro Pablo García Moreno, este último, hermano del presidente. De este modo consigue grandes privilegios, como la disposición para que las oficinas públicas admitan únicamente sus billetes, que le permiten, en poco tiempo, liquidar a dos de sus rivales: el Banco Particular y el Banco Nacional. Es la primera guerra bancaria según Julio Estrada Icaza.

El incremento presupuestario se debe principalmente a las entradas provenientes de las exportaciones del cacao y de otros productos tropicales que, como ya se dijo, están supeditados a las fluctuaciones del comercio internacional.

             

Estos ingresos –tal como afirman Rafael Quintero y Erika Sylva– gracias a la llamada “racionalización” del manejo fiscal, son empleados para favorecer los intereses de los terratenientes de la región centro-norte especialmente, “para intentar aliviar la profunda crisis económica de su “región”.[10] Empleo que, para los autores que acabamos de citar, constituye una verdadera tabla de salvación para los latifundistas mencionados.

Son estos, entonces, los avances económicos que se han señalado como sustento de “progresismo” del régimen garciano. Empero, por lo visto, ninguno se debe a la acción o iniciativa de García Moreno. Es más: tienen lugar a pesar de García Moreno.

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También se ha dicho, por parte de los apologistas de García Moreno, que él realiza, durante sus gobiernos, la integración o unificación de la nación.

La verdadera integración nacional tiene carácter económico: es la formación del mercado interno único, como ya se dijo. Y el régimen terrateniente de García Moreno es, cabalmente, todo lo contrario de esta meta.

Se ha confundido o se ha querido entender como integración la simple centralización administrativa que se da para tratar de cohesionar mejor a los distintos grupos terratenientes provinciales, a fin de que unidos y dirigidos por una férrea dirección central única, puedan controlar el Estado y defender con mayor eficacia sus intereses. Este hecho es percibido así, por Manuel Chiriboga:

Efectivamente, el gobierno de García Moreno representaría el momento más alto de control de los aparatos del estado, por la fracción de terratenientes nacionales. Establecería de hecho la dominación de estos sectores, sobre los terratenientes de carácter regional y local. Seguramente, en este sentido se debe comprender la unificación nacional, organizada bajo su mando, y no como una alianza inestable de grupos terratenientes regionales, como se ha querido representar.[11]

En suma, esto no es otra cosa que la realización del ideal terrateniente del Estado “fuerte”. La aristocracia latifundista criolla, cuando ve esfumarse la posibilidad de establecer una monarquía, considerada por ella como el mejor sistema de gobierno para mantener su dominio, se inclina por este tipo de control estatal. Primero, defiende con fervor el Código Boliviano, luego trata de imponer la Carta de la Esclavitud floreana y, finalmente, logra este propósito en 1869 con la promulgación de la Carta Negra.

Se sabe que García Moreno fracasa en el intento de establecer el régimen monárquico con su Protectorado. Luego combate sin tregua la Constitución de 1861 que recoge la mayoría de los postulados liberales de anteriores cartas constitucionales. Tobar Donoso confiesa:

Andando el tiempo llegó a arrepentirse de haber aceptado el ejercicio de la autoridad, mientras regía la Constitución del 61. Había, en efecto, profunda e insubsanable antítesis entre el genio del Presidente y el de esa Carta, que debilitaba y encadenaba al Poder. La antítesis no pudo resolverse en el campo de la ley; y García Moreno, saliéndose del estrecho margen constitucional, salvó, si bien con medios cruentos y extraordinarios, la paz perturbada por el partido urbinista, al cual auxiliaban Perú y Colombia.[12]

Esa Carta, entonces, es ineficaz para regir el Estado “fuerte” que él desea. Por eso, esgrimiendo el argumento de la insuficiencia de las leyes, la hace trizas cuantas veces le viene en gana. No importa que su ruptura cueste la vida de muchísimas personas. Es “labor purificadora” para que el país evolucione, según el doctor Tobar Donoso.

El impedimento –suplido con la inescrupulosidad hasta entonces– desaparece con la Constitución de 1869. Para su promulgación, olvidando que había sido ardiente partidario de la elección de legisladores de acuerdo con la población provincial, ahora, alegando la inexactitud de los censos –pues parece que en 1861 si eran exactos– decreta que se elijan tres diputados por cada provincia, a excepción de Esmeraldas, que sería considerada como cantón de Manabí. “La intención actual –dice el historiador Luis Robalino Dávila– era clarísima: la facilidad de influir decisivamente, sin estorbos de ningún género, en tan corto número de representantes entre los que se contarían altos funcionarios de su Gobierno, para las reformas fundamentales que se proponía”.[13] Y luego añade: “Las elecciones de diputados, en tal ambiente, fueron “canónicas”, según la expresiva palabra popular, para los designados por García Moreno. No hubo oposición ni otros candidatos”.[14]

La Carta de 1869 está suscrita por 28 diputados –Rafael Quintero y Erika Sylva hablan de 21– todos incondicionales de García Moreno. Están altos funcionarios del gobierno, inclusive el vicepresidente Elías Laso, amén de ministros y futuros ministros de Estado, como Rafael Carvajal, Pablo Herrera, Pablo Bustamante y Francisco Javier Salazar. Está la parentela del presidente, representada por José Domingo Santiestevan, Roberto Ascázubi e Ignacio del Alcázar, los dos últimos sus cuñados. Y claro, no pueden faltar los religiosos, un obispo y tres clérigos según Robalino Dávila. El obispo es Ignacio Ordóñez, pero los clérigos no son tres sino cuatro: Vicente Cuesta, Pedro José Bustamante, Tomás Hermenegildo Noboa y José María Aragundi.

Los asambleístas, prácticamente, son nombrados por García Moreno. Sólo dos ejemplos. A Rafael Borja, residente en Cuenca, le dice lo siguiente: “Indico al Sr. Obispo y a Ordóñez la conveniencia de que Ud., el Dr. Cuesta y el Dr. Vicente Salazar sean elegidos para la Convención... Es necesario que las instituciones sean católicas, muy católicas y esencialmente católicas”.[15] Y al comandante Antonio Zambrano, gobernador de Chimborazo, le escribe esto: “Apenas tengo tiempo para decirle que todos los amigos hemos acordado se trabaje allá para diputados a la Convención por el Ilmo. Sr. Ordóñez, el Sr. Dr. hermano de Ud. y el Dr. Pedro Lizarzaburo para diputados principales; los suplentes les serán indicados por el Ilmo. Sr. Obispo y el Dr. Pedro Lizarzaburo que sale mañana, pues en este momento no los recuerdo”.[16] Como es de suponer, todos los seis son designados para tales cargos.

Total, una Asamblea de bolsillo. Si Rocafuerte impugnaba con vehemencia la manera como se conformó la Asamblea Nacional que dictó la Carta de la Esclavitud de Flores, esa resultaba democrática, comparada con ésta. Pero el fin justifica los medios: crear un instrumento jurídico adecuado para un gobierno “fuerte”.

           

Además, esta Constitución –ley máxima de la república– cumple el papel de supeditar las normas legales a la ideología conservadora de la religión católica, proceso iniciado antes de las disposiciones contenidas en el Concordato. Ahora, que se exige ser católico para ser ciudadano y que se suspenden los derechos de ciudadanía por pertenecer a sociedades prohibidas por la iglesia, es más fácil dictar leyes o reformar las existentes –como en efecto se hace– para ponerlas en consonancia con esa Carta Negra. En el Mensaje dirigido a su Asamblea dijo: “Entre el pueblo arrodillado al pie del altar del Dios verdadero, y los enemigos de la religión que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa, y esto es lo que me he propuesto y lo creo esencial en las reformas que contiene el proyecto de Constitución”.[17] Ese ideal se ha realizado plenamente. El muro, verdadera muralla china, está levantado.

No cabe duda que con tan poderoso instrumental jurídico, la ideología conservadora adquiera fuerza inusitada, y que se convierta, ya que esta es la función de toda ideología de retraso, en una traba para el progreso del país. Una traba muy grande, porque es negación de todo principio liberal y democrático. Y un régimen que maneja y se nutre de esta ideología, no puede ser progresista.

Portada del libro (2016) donde el autor reproduce el artículo criticado

No comprendemos que algunos historiadores sostengan, como Enrique Ayala por ejemplo, que en el período garciano, esa ideología confesional y reaccionaria, sea “instrumento de apoyo para el desarrollo y ulterior hegemonía de las relaciones capitalistas”.[18] Un caso por demás extraordinario: una ideología feudal convirtiéndose en palanca de progreso.

Así mismo, basándose en la “integración” o “modernización” atribuidas a García Moreno, otros justifican el gobierno “fuerte”, con toda su secuela de crímenes y arbitrariedades naturalmente. Dicen que eso era una necesidad imperiosa para conseguir ese fin. Que la represión era necesaria para mantener el poder y alcanzar tan alto cometido. Igual conclusión que la de Tobar Donoso: ¡labor pacificadora para que evolucione el país!

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El gobierno de García Moreno se instaura, con el apoyo de la aristocracia terrateniente y del clero, para detener el proceso de reformas liberales y democráticas iniciadas con la revolución del 6 de Marzo y que alcanzan su punto máximo en las administraciones de Urbina y de Robles. Estas medidas, en su mayoría, están enderezadas, cabalmente, a socavar el poder que detentan los terratenientes sobre el campesinado.

En efecto, es abolida la esclavitud, pese a la protesta de los más recalcitrantes señores esclavistas. Se dicta la ley de 25 de noviembre de 1854 que contiene varias disposiciones encaminadas a mejorar la situación del indio, como por ejemplo la supresión de la llamada Protectoría de Indígenas, instrumento colonial que se había convertido en fuente de clamorosos abusos, pues los “protectores” eran los encargados de la liquidación de cuentas de los conciertos, aparte, de todos los otros asuntos judiciales. Algunos pueblos y comunidades de la Sierra se benefician con la posesión de las aguas que habían sido usurpadas por los terratenientes cuyos “abusos ominosos que se alimentan con la opresión de las clases desgraciadas”,[19] son denunciados por el presidente Urbina en un Mensaje dirigido al Congreso el 29 de septiembre de 1856. También se toman medidas para impedir ciertas prácticas que alimentan el concertaje, base de la servidumbre indígena, que el ministro Antonio Mata censura con fuerza en una Exposición dirigida a las Cámaras Legislativas. Y, finalmente, se suprime el injusto tributo que pesa sobre las espaldas de los indios, para cuya eliminación, debido a la resistencia ofrecida por los latifundistas, se había venido preparando el camino desde años atrás.

La actitud de Urbina, en especial, es liberal y francamente favorable al indio, razón por la que el historiador Costales Samaniego dice que debe ser considerado como uno de sus libertadores. En el Mensaje que pide la supresión de las protectorías, demostrando su comprensión del problema indígena, dice:

No se oculta que tanto las leyes como las costumbres que engendró y produjo la conquista, colocaron y mantienen aún a la raza indígena en una condición que tiene todos los caracteres de la más oprobiosa esclavitud. La independencia de la Metrópoli ha sido poco fructuosa, sino estéril, en resultados felices bajo este aspecto. Los indios son los ilotas del Ecuador; fecundizan la tierra con su trabajo, erogan grandes contribuciones para el sostenimiento del culto y aumento de los fondos del Erario Nacional, y en reciprocidad no obtienen del orden social, sino un suma muy limitada de bienes”.[20]

Mariátegui, refiriéndose al presidente Castilla del Perú, afirma que sus méritos residen en lo que su política tiene de reformadora y progresista, siendo sus “actos de mayor significación histórica la abolición de la esclavitud de los negros y de la contribución de indígenas”.[21] Son cabalmente dos de las medidas tomadas por Urbina y Robles, medidas verdaderamente progresistas como dice el Amauta, porque extirpan taras precapitalistas. Porque afectan los intereses de los latifundistas.

Se alienta la organización y expresión –por primera vez en la república– de las denominadas “sociedades democráticas”, compuestas por artesanos y otros elementos de la pequeña burguesía urbana sobre todo, que no obstante su corta vida, se convierten en firme apoyo de las transformaciones democráticas que se realizan, motivo por las que son combatidas y miradas con temor por la reacción terrateniente. Pablo Herrera, ministro de García Moreno y teórico del garcianismo, afirma “que bajo la administración del General Urbina se trabajó por difundir en el pueblo, y, principalmente en los artesanos, principios que habían contribuido poderosamente a la desorganización social”.[22]

Todo esto, al mismo tiempo que acrecienta el prestigio de Urbina en amplios sectores de la población, que reciben los beneficios de las medidas progresistas tomadas por su gobierno, causan profunda inquietud, y si se quiere terror, en el lado contrario. “De este modo –dice el historiador Enrique Ayala– el peligroso giro que habían tomado los acontecimientos, exigían una enérgica reacción terrateniente, que nunca dejó de prepararse a lo largo de la década”.[23] La afirmación es absolutamente cierta.

Por tanto, la causa fundamental del derrocamiento de Robles, que prosigue las reformas iniciadas, no es sino la respuesta armada de los latifundistas. Para este fin se aprovechan de la especial coyuntura creada en los últimos años de la década del cincuenta del siglo XIX, sin siquiera vacilar en traicionar a la patria. Sus intereses están por encima de todo. Desgraciadamente, logran su cometido.

Durante los gobiernos de García Moreno su sombra, es la espada de Urbina. Está presente en todas sus manifestaciones, inclusive en sus cartas particulares. Es que comprende, mejor que nadie, que él defiende los principios liberales sustentados por el ala radical de la naciente burguesía, antagónicos a las ideas de los conservadores terratenientes, cuyo poder trata de consolidar. Y comprende, también, que cuenta con una considerable fuerza popular que le respalda.

No obstante la índole represiva de sus gobiernos, García Moreno no puede impedir las constantes sublevaciones, unas veces dirigidas por Urbina y otras realizadas en su nombre. Y siempre encuentran eco en los estratos populares. Basta citar las varias rebeliones que tienen lugar en el sur de la república. María A. Vintimilla, en un estudio sobre las formas de resistencia campesina en el austro ecuatoriano, afirma que el urbinismo “consigue articular una gran masa de campesinos e indígenas sobre todo de la actual provincia del Cañar y dirigir y conducir la oposición al régimen garciano, hasta llegar al enfrentamiento armado”.[24] Y dice también que esos movimientos, por primera vez, tienen la particularidad de que los indios participan en ellos con fines netamente políticos, sin que persigan, como en otras ocasiones, reivindicaciones inmediatas.

Cuando se proclama la candidatura presidencial de Francisco Xavier Aguirre, cuyas ideas habían sido reprobadas por un Concilio reunido en Quito –según consta en una carta que dirige a Raúl Borja– García Moreno afirma que el triunfo de ese candidato, que es casi seguro, significa “la restauración de los tauras” por las vinculaciones que tiene con la burguesía guayaquileña. Este es el motivo principal para el derrocamiento del presidente Espinosa y el establecimiento de su dictadura, y no un supuesto apoyo de éste a la candidatura de Aguirre. En el acta de pronunciamiento de 17 de enero de 1869, eso se consigna como único argumento. Allí se dice, entre otros considerandos sobre el mismo tema:

  4) Que el Gobierno no solamente ha puesto a la cabeza de algunas provincias a urbinistas que trabajan para el triunfo de su partido, sino que ve con indiferencia los atentados que ellos cometen, a pesar de las denuncias de prensa y de los documentos que se han puesto de manifiesto, haciéndose de esta suerte responsable de estos abusos escandalosos.

   5) Que Urbina ha venido a la frontera de la república a esperar que los traidores le entreguen la importante plaza de Guayaquil, sin que el presidente de la república hubiese dictado providencias eficaces para conservar el orden y la paz interior.

   8) Que el restablecimiento de la bárbara dominación que cayó el primero de mayo de 1859, traería consigo el imperio de las llamadas doctrinas liberales y por consiguiente el aniquilamiento completo de los principios religiosos, morales y políticos en que estriban la estabilidad y el progreso de las naciones.[25]

Está claro, entonces, que desde un principio hasta su finalización, el objetivo básico del régimen garciano es impedir el retorno de un gobierno de tendencia liberal alentado por la burguesía. Se trata, por lo mismo, de un retroceso en el desarrollo de la nación. Benjamín Carrión, después de señalar algunas medidas progresistas de los gobierno anteriores, dice con razón que el anti-programa de García Moreno no es otro que  “deshacer, abolir todo lo que, en perjuicio de los dominadores, habían hecho ya e intentaban seguir haciendo estos liberales “regalistas”, masones, cuya expresión más peligrosa era el general José María Urbina”,[26] al que califica, con justicia, de noble figura de nuestra historia.

 El libro donde se afirma lo que arriba queda transcrito, García Moreno, el santo del patíbulo, es a nuestro parecer una de las obras más penetrantes sobre el significado político de la dictadura garciana. Por eso, apenas aparecida, el conservadurismo se apresuró a encontrar defectos y tildarla de “novelesca”, pese a que sus afirmaciones están ampliamente documentadas. Y el mismo camino han seguido algunos historiadores y sociólogos no conservadores. Se ha dicho que hace juicios de valor. Que llama tirano a García Moreno y tacha de fea a la señorita Rosita Ascázubi. ¡Qué horror...!

Otro distinguido escritor ecuatoriano, Leopoldo Benites Vinueza, luego de rebatir la falsa afirmación que convierte a García Moreno en “constructor” de la nación, considera así la índole de su régimen:

García Moreno fijó las bases políticas del conservadurismo: tradicionalismo inconmovible, que sostenía las bases económicas coloniales; insuficiencia de las leyes y acentuación de la doctrina del hombre necesario, providencial y autócrata; aristocracia gobernante sin opción de la masa a la deliberación política; afianzamiento del latifundio como régimen económico de producción; sumisión de las masas indias y mestizas por frenos religiosos a la omnipotencia del amo. Todo esto sostenido por un clero regular y secular que era, a su vez, latifundista desde la época de la Colonia.[27]

Estas concepciones y otras parecidas que condenan al régimen garciano, por no estar de acuerdo con su tesis de “progresismo” o “modernismo”, con sobra de arrogancia, han sido calificadas de “liberales”, a la par que burdas, por el sociólogo y académico Gonzalo Ortiz Crespo. Estas son sus palabras:

Estos “liberales” y la mayoría de sus seguidores intelectuales, incluyendo a los marxistas mecanicistas (en América Latina el comunismo comenzó como una ala radical del Liberalismo, con lo que heredó una visión muy peculiar de la historia), tienen una burda interpretación de García Moreno al que presentan solo como representante oscurantista y retrógrado de los terratenientes. Se requiere un enfoque mucho más preciso sobre aquel periodo, pues aunque existen algunas investigaciones históricas, su carácter tradicional e intensamente partidistas las vuelven poco útiles, a no ser como fuentes secundarias de datos.[28]

La historia es una ciencia social y como tal es partidista, aunque se oculte esta característica con una falsa imparcialidad. Pero el partidismo no se opone a la verdad histórica, porque esta no está supeditada al criterio de tal o cual escritor –sea liberal o conservador– sino a los hechos que realmente se verifican en el ser social. Los distintos juicios o pareceres, por tanto, sólo deben ser desechados cuando no correspondan a esa verdad, y no simplemente por ser “tradicionales” o “partidistas”, porque así tendríamos que borrar casi toda nuestra historia.

Por lo dicho, sería aventurado asegurar –aunque existen argumentos para eso– que las interpretaciones neogarcianas sean provenientes de fuentes conservadoras. Y peor, afirmar que sus intérpretes, sean seguidores del padre Berthe o del jesuita Gomezjurado.

Nosotros, a pesar de la opinión no tradicionalista de Ortiz Crespo, seguimos creyendo que García Moreno es representante típico de los terratenientes y del latifundismo, por lo menos hasta cuando se presenten las famosas “fuentes primarias”.

Los avances del capitalismo que se dan durante su dominio, que es la causa que obnubila a los sostenedores del “progresismo” garciano –que por otra parte se verifica en todos los gobiernos anteriores– ya dijimos que no obedecen a su gestión. La burguesía nacida como resultado de ese ascenso tiene la suficiente fortaleza para que no pueda ser ignorada por nadie, pues hasta el mismo Flores tuvo que reconocer este hecho e inclusive pactar momentáneamente con ella. Y después de la revolución del 6 de marzo, sobre todo en los regímenes de Urbina y de Robles, llega a romper la hegemonía de los latifundistas y a implantar una serie de reformas favorables para su causa. García Moreno, si bien obstaculiza el proceso iniciado, ya no puede detenerlo.

El escritor Alejandro Moreano nos dice lo siguiente sobre esta compleja etapa de la historia nacional:

(...) conforme la burguesía fue consolidando su poderío económico, extendiendo el ámbito de la circulación de capital, penetrando en mayores zonas del país, la aristocracia terrateniente se fue atrincherando en la hegemonía ideológica. De allí que, al mismo tiempo que García Moreno se veía, inevitablemente, obligado a desarrollar ciertas bases de la circulación capitalista, fortalecía el poderío del clero, unificando a través de la acción de los Jesuitas y su Congregación de Caballeros de la Inmaculada, la conciencia y el poder de la aristocracia dominante.[29]

Aquí, lo importante es anotar, que se admite el crecimiento independiente del capitalismo. El atrincheramiento de la aristocracia terrateniente tras una ideología oscurantista, tiene por finalidad defender sus intereses afincados en el latifundio, cuyo mantenimiento y consolidación, amenazados por el avance del capitalismo, trata de conseguir a toda costa. Esa ideología está sustentada sobre una base económica: la propiedad de la tierra, sin la cual no hubiera podido ser impuesta como dominante y única.

Nos parece que hemos dejado en claro que García Moreno no es progresista ni constructor de la nación. La clase terrateniente a la que él representa, que aquí en el Ecuador y en toda América ha querido numerosas veces entregar el territorio patrio a naciones extranjeras para proteger sus intereses materiales, no puede ser considerada como poseedora de ningún proyecto nacional, como algunos sostienen. Si algo tiene esa clase, es un proyecto anti-nacional.

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[1] Tomado de Oswaldo Albornoz Peralta, Páginas de la historia ecuatoriana, t. I, Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, Quito, 2007, pp.  379-401.

[2] Manuel Chiriboga, Jornaleros y gran propietarios en 135 años de exportación cacaotera, Consejo Provincial de Pichincha, Quito, 1980, p. 110.

[3] Rafael Quintero y Erika Sylva, Ecuador: una nación en ciernes, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, t. I, Quito, 1991, p. 128.

[4] Ricaurte Soler, Clase y nación en Hispanoamérica, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa Rica, 1976, p. 24.

[5] David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1966, p. 253.

[6] Manuel Medina Castro, Para la historia nacional de la codicia, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, Guayaquil, 1992, p. 65.

[7] Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República del Ecuador, Imprenta Nacional por M. Mosquera, Quito, 1866, p. 6.

[8] Manuel Medina Castro, op. cit., p. 68.

[9] Julio Estrada Icaza, Los bancos del siglo XIX, Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil, 1976, p. 48.

[10] Rafael Quintero y Erika Sylva, op. cit., t. I. p. 128.

[11] Manuel Chiriboga, op. cit., p. 105.

[12] Julio Tobar Donoso, Desarrollo Constitucional de la República del Ecuador, Editorial Ecuatoriana, Quito, 1936, p. 45.

[13] Luis Robalino Dávila, García Moreno, Talleres Gráficos Nacionales, Quito, 1949, pp. 326-327.

[14]Idem, p. 329.

[15] Wilfrido Loor, Cartas de García Moreno, t. IV, La Prensa Católica, Quito, 1955, p. 105.

[16] Idem, p. 106.

[17] Alejandro Noboa, Recopilación de Mensajes,  t. III, Imprenta de El Tiempo, Guayaquil, 1906, pp. 105-106.

[18] Enrique Ayala, “Gabriel García Moreno y la gestación del Estado Nacional en el Ecuador”, en revista Cultura N° 10, Banco Central del Ecuador, Quito, 1981, p. 173.

[19] Alejandro Noboa, op. cit., p. 250.

[20] Idem, p. 195.

[21] José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Empresa Editora Amauta S.A., Lima, 1952, p. 73.

[22] Pablo Herrera, Apuntes biográficos de un gran magistrado ecuatoriano señor doctor Gabriel García Moreno, Prensa Católica, Quito, 1921, pp. 74-75.

[23] Enrique Ayala, Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Ediciones de la Universidad Católica, Quito, 1978.

[24] María A. Vintimilla, “Las formas de resistencia campesina en la sierra sur del Ecuador”, En Revista del ILDIS N° 9, Cuenca, 1981, p. 155.

[25] Wilfrido Loor, Cartas de García Moreno, t. IV, op. cit., p. 97.

[26] Benjamín Carrión, García Moreno, el santo del patíbulo, Fondo de Cultura Económica, México, 1959, p. 436.

[27] Leopoldo Benites, Ecuador: drama y paradoja, Fondo de Cultura Económica, México, 1950, p. 225.

[28] Gonzalo Ortiz Crespo, La incorporación del Ecuador al mercado mundial: la coyuntura socioeconómica 1875-1895, Banco Central del Ecuador, Quito, 1981, p. 54.

[29] Alejandro Moreano, “Capitalismo y lucha de clases en la primera mitad del siglo XIX”, en Ecuador: pasado y presente, Instituto de Investigaciones Económicas, Quito, 1975, pp. 142-143.