sábado, 28 de enero de 2017

Los promotores y culpables del crimen de El Ejido: 28 de enero de 1912

28 de enero de 1912

EL CRIMEN DE EL EJIDO[1]

Oswaldo Albornoz Peralta
 


La trama del crimen, si bien ya antes había sido concebida por algunos, empezó a desarrollarse en forma clara y definida con la revolución del general Montero, revolución que tuvo como fin frustrar la candidatura y el ascenso al poder de Leonidas Plaza ─jefe de la dere­cha liberal─ para defender las conquistas democráticas alcanzadas que corrían el peligro de desaparecer, o convertirse en letra muerta.

Ya ni siquiera se disimuló la meta perseguida, pidiéndose desembozadamente la cabeza de los revo­lucionarios. Primero, claro está, la cabeza del soldado montubio:

Metacarpo que suda tinta
en este retrato de la mula
entidad de ese estúpido guerrero
os invita a romper la servidumbre
que avergüenza la patria ecuatoriana,
escalando la cumbre
del cerro de Santa Ana;
y, desde la colina,
que a Guayaquil domina,
a administrar al perro traicionero
Pedro J. Montero
pildoritas de plomo ... y estricnina.[2]


Estos versos, insertos en el folleto titulado El Partido Conservador sindica a los asesinos de Alfaro y compañeros editado en Panamá en 1919, fueron pu­blicados en Riobamba y reproducidos en La Prensa de Quito. Estaban firmados por Metacarpo, seudónimo de César Borja Cordero, poeta y aristócrata “liberal” guayaquileño.

Como se sabe, las pildoritas de plomo fueron administradas en realidad, seguidas de un festín canibalesco que repugna recordar. Después de apresado, un consejo de guerra le condenó a 16 años de reclusión mayor, y cuando se leía esta sentencia al prisionero, fue victimado a tiros por la misma guardia encargada de su custodia. El general colombiano César Sánchez Núñez, testigo de los trágicos sucesos, en su libro Fuego y sangre, publicado en Bogotá en 1913, dice: “Luego los asesinos en número de más de doscientos, bestias feroces, arrastraron el cadáver escaleras abajo y lo pasearon por la calle Aguirre hasta la Plaza de Rocafuerte, en donde designan el sitio para quemarlo. Ya le han arrancado un brazo, el derecho; le han sacado los intestinos y el corazón, como también mutilado…Detente pluma ante la moral…”.[3] Los delincuentes se llevan la cabeza y el corazón de la víctima como sangrientos trofeos de guerra, tal como sucedía entre las tribus primitivas, y la viuda tiene que pedir su de­volución en el siguiente cablegrama dirigido al encargado del poder ejecutivo: “Señor.- Deber sagrado de esposa me obliga a dirigirme a usted, para solicitar entrega cabeza y corazón de mi esposo señor general Pedro J. Montero que existen como trofeos en poder del Ejército del general Leonidas Plaza Gutiérrez, co­barde y alevosamente asesinado anoche”.[4] Y, luego de esto, el general Plaza tuvo la avilantez de acusar al pueblo de Guayaquil del nefando crimen. “El pue­blo forzó las puertas, y lo ultimó a balazos. Acto de justicia popular pero bárbaro y cruel”.[5] Así consta en una circular dirigida a gobernadores, jefes de zona y delegados militares. ¡Eso repite en cable dirigido al presidente y a sus ministros!

Pero la cabeza de Montero no fue sino el ini­cio. Lo que se perseguía en verdad, muy sagazmente y con miras de largo alcance, era la total eliminación de los jefes militares alfaristas, que constituían dentro del ejército un baluarte de la revolución. En Quito se repartieron hojas sueltas, impresas en la imprenta oficial de la Escuela de Artes y Oficios, con la nómina de todos los que debían “ser pasados, por las armas por la espalda, previa formal degradación”, desde generales hasta sargentos mayores, ofreciéndose dar a conocer después “los nombres de los demás Jefes y Oficiales que merecen el mismo castigo”. Este obje­tivo, aunque todavía sin la liquidación física, había sido iniciado ya por Plaza en su primera administra­ción, según confiesa en una carta, a Lizardo García transcrita en la obra de Roberto Andrade ¡Sangre! ¿Quién la derramó?: “Muy difícil, me parece ─dice─ que existan militares alfaristas en los cuarteles en la depuración que he hecho en cuatro años de una dedi­cación esmerada en el asunto”.[6] Sin embargo, existían. Tan arraigado estaba allí el alfarismo.

Asesinado Montero, el turno correspondía a los otros prisioneros, arteramente detenidos luego del rompimiento de las capitulaciones de Huigra. Para eso era necesario conducirlos a Quito, donde predomi­naban las fuerzas placistas y conservadoras, donde el ambiente se había preparado mejor mediante una calumniosa campaña de prensa y donde los más altos personeros de gobierno estaban complotados para el crimen. La muerte estaba allí, tal como todos decían y sabían. La Constitución, periódico oficial dirigido por el ministro Octavio Díaz, afirmaba sin ambages en un editorial que “Alfaro cayó para siempre el once de Agosto, y si viene será para que el pueblo de Quito haga con él y los suyos lo que hizo el pueblo de Lima con los Gutiérrez”.[7] Quito era el escenario escogido y preparado. Por esta razón, cuando se cree que el viaje de los generales a esta ciudad iba a ser suspendido, la furibunda protesta de la élite antialfarista no se hizo esperar, tal como aparece de un telegrama que consta transcrito en el  libro titulado El mes trágico. Dice así:   

"Señores Generales Plaza y Andrade.- La sola lectura de los telegramas de ustedes al Gobierno, ha causado profunda indignación en las masas populares, que piden a grito herido la sanción legal para los trai­dores  y el  cumplimiento inmediato de la orden del Gobierno para que sean remitidos a esta capital. El comicio popular reunido en este instante en casa del Encargado del Poder Ejecutivo, ha resuelto lo arriba expresado".[8]  

La comunicación anterior está firmada, entre muchísimos otros, por Juan Francisco Game, Lino Cárdenas, José Gabriel Navarro, Juan León Mera Iturralde, Aurelio de la Torre, Alfonso Moscoso, Manuel Stacey, Carlos Villavicencio, Melchor Costales, Carlos G. Ordóñez,  Eduardo Mena Caamaño, J.   Francisco Urrutia Suárez y Francisco Chiriboga Donoso. Todos estaban desesperados por la posibilidad de que las víc­timas escaparan del sacrificio ya resuelto. El tal comicio popular había sido preparado ex profeso para dar fuerza al mal intencionado pedido. Pedido o exigen­cia que tenía el pase ─la autorización─ de Carlos Freile Zaldumbide, cómplice principal de la tragedia que se preparaba.

El viaje a Quito era, pues, imprescindible.

El tren ─el tren traído con tanto esfuerzo por Alfaro─ empezó el ascenso de los Andes en un día de enero de 1912. Parecía un cortejo fúnebre. Los prisioneros sabían, de antemano, el fin que les esperaba. Nadie se hacía ilusiones al respecto.

Llegados a Quito en pleno día, los prisioneros fueron dejados en el Panóptico a merced de la turba previamente preparada, pues el batallón “Marañón” que les condujo desde Guayaquil se retiró por orden expresa del coronel Sierra, un adlátere de Plaza. La guardia del Penal, cuando entraron los asesinos, perma­neció impasible. Sin ninguna defensa los detenidos fueron sacrificados y sacados a la calle para el innoble arrastre verificado en medio de escenas indescriptibles por sus bajezas, las que no obstante eran aplaudidas desde los balcones por las damas de la alta sociedad, que arrojaban sogas y banderolas a los arrastradores, tal como afirma el escritor colombiano Sánchez Núñez en su libro Fuego y sangre, aparecido en Bogotá un año después de la masacre. El coronel Olmedo Alfaro cita entre los azuzadores a un Arteta, a Jacinto Jijón y Caamaño, a Alejandro Salvador, a Carlos Pé­rez Quiñones, a Fernando Pérez Quiñones y a Rafael Vásconez Gómez; ¡los tres últimos, también generosos donadores de dinero para los asesinos![9]

Y vino el final dantesco: la incineración de los cadáveres en las piras de El Ejido. Era el 28 de enero de 1912.

Foto original de la hoguera bárbara en El Ejido

Todo había sucedido sin que la fuerza pública intervenga para nada. Con el silencio total del clero que tanto predicaba caridad. Sólo cuando todo había terminado, cuando nada había que hacer, el arzobispo salió a las calles para apaciguar al pueblo. Más pare­cía una sanción de los hechos consumados.

Eloy Alfaro, Medardo Alfaro, Flavio Alfaro, Ulpiano Páez, Manuel Serrano, Luciano Coral: he aquí los nombres de las ilustres víctimas. El coronel Belisario Torres había sido asesinado anticipadamente.

Los  mártires de enero de 1912


La Prensa ─otro periódico placista─ festejaba los crímenes con unos versos que terminaban así: “Y soledad tan inmensa ─el alma dice suspensa─ bien muerto está Eloy Alfaro”.

La reacción ha querido culpar al pueblo de los sangrientos acontecimientos para salvar su respon­sabilidad, tesis a veces acogida por escritores que no son de derecha, sin darse cuenta que esa postura ayuda a lavar las culpas de los verdaderos responsables. Nada más falsa que esta astuta afirmación, no respaldada con ninguna prueba. “El pueblo, ni masa alguna participó en el crimen, fue un puñado de fanáticos, reaccionarios y asalariados”,[10] afirma con toda razón Elías Muñoz Vicuña en su documentado libro Los generales no co­rren.

Baldón, entonces, para los responsables. Y más todavía para los responsables intelectuales, que aga­zapados cobardemente manejaron los títeres.


LAS FUERZAS IMPULSORAS DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ENERO DE 1912

Se ha dicho que los acontecimientos que culmi­naron el 28 de enero de 1912 fueron originados sola­mente por rivalidades personales surgidas en el seno del liberalismo. Este es el criterio de cierta historio­grafía burguesa cargada de superficialidad. Pero noso­tros tenemos que buscar las causas de los hechos en la lucha de clases y de fracciones que tenían lugar en ese entonces, como consecuencia lógica de intereses econó­micos contrarios, que tenían su reflejo en el plano de la ideología inclusive. Las mismas enemistades, en la mayoría de las veces, fueron manifestaciones de esa pugna.

Las piras de El Ejido fueron encendidas por los liberales de derecha respaldados por el conservado­rismo, con el propósito manifiesto de terminar con el alfarismo, que representaba el ala progresista del liberalismo. La clave de esta lucha estaba en el deseo que tenían los primeros por detener cualquier avance que podía afectar sus intereses, en especial los finca­dos en la propiedad de la tierra, que la creían amena­zada. Veamos si en verdad fueron estas fuerzas las que desencadenaron los trágicos sucesos.

El gobierno que regía el país ese momento era encarnación inequívoca del liberalismo de derecha vin­culado al latifundismo. El presidente encargado Freile Zaldumbide era uno de los más ricos terratenientes, al igual que los ministros Carlos R. Tobar y Carlos Rendón Pérez, los dos primeros de la Sierra y el último de la Costa. Octavio Díaz, ministro de Gobierno, era un partida­rio abierto de la fusión liberal─conservadora. Y la espada del régimen, general Plaza Gutiérrez, era un rico lati­fundista de nuevo cuño, merced a un matrimonio de conveniencia.




Y todos ellos, con  más o menos actividades participaron en el crimen, aunque la compasión de al­gunos historiadores ─interesada o de buena fe─ haya que­rido librar de culpas a esos tales con argumentos baladíes. Por  ejemplo,  para  defender  a  Freile Zaldumbide se ha alegado su bondad y hasta su corta inteligencia. Cierto que ese noble adinerado, tal como afirma Peralta en su  libro Eloy Alfaro y sus victimarios, era de escaso cacumen, de carácter apocado y de exiguos conocimientos, pero ¿acaso la estulticia es siquiera atenuante y menos eximente de pena? La salvaguarda de sus múltiples haciendas ─el escritor antes citado aña­de que temblaba ante “la posibilidad de la pérdida de una parte de sus bienes, por mínima que sea”─ fue el mejor estímulo para su asquerosa actuación.[11] Tampo­co se pueden justificar los otros casos, pues las pruebas en contra son abrumadoras.

Estas mismas fuerzas, en Guayaquil formaban un solo frente contra Alfaro. Basta revisar la lista de los que patrocinaron el pronunciamiento de Montero para advertir que faltan todos los grandes señorones, los potentados del cacao y de la banca, que antes, en 1895, habían peleado por aparecer en   primera fila. Es que la mayoría había plegado ya al otro bando. La gran prensa ─El Telégrafo, El Grito del Pueblo Ecua­toriano, El Guante─ apoyaba al   placismo.  La  pla­na mayor de los bancos, igual cosa. Sobre todo el Banco Comercial y Agrícola, que se había convertido en fortín de la oligarquía antialfarista, formada espe­cialmente de grandes terratenientes y exportadores, como se puede constatar revisando la nómina de diri­gentes y socios. Era el banco que respaldaba incondicionalmente  a  Plaza  y de tanta confianza para ─éste que ya en 1905 se había palanqueado la gerencia de la Sucursal en Quito, según consta de una carta dirigida a Lizardo García. Pero eso sí, “en compañía de mi compadre Sánchez  ─Sánchez Carbo─ para aprender con él  y no hacer una plancha”.[12]

En la Sierra la masa de la aristocracia terrate­niente, tanto liberal como conservadora, estaba unida contra Alfaro. De esto no queda ninguna duda después de leer el libro de Luis Eduardo Bueno, El mes trágico, donde constan las comunicaciones y las fir­mas de los que solicitaban con vehemencia el traslado de los prisioneros a Quito para el condigno castigo, es decir, para la muerte. Veamos solamente, a mane­ra de muestra, los nombre de algunos firmantes de Quito: Cristóbal Gangotena Jijón, Alfredo Flores Caamaño, José Modesto Larrea, Gabriel Gómez de la Torre, Pedro Pallares Arteta, Luis Felipe Borja (h), Jo­sé Rafael Bustamante, Ricardo del Hierro, Lino Cár­denas, Manuel Antonio Calisto, Melchor Costales, Ra­fael Barba, Francisco Urrutia Suárez, Eduardo Salazar Gómez y muchísimos otros.[13] Unos liberales y otros conservadores. Pero todos, eso sí, poderosos latifundistas y nobles a carta cabal.

Es interesante constatar que en la misma ciudad, el mayor de los bancos, el Banco del Pichincha ─el banco del clero y de los grandes terratenientes─ estaba en el mismo lado, ya que sus principales dirigentes y accio­nistas suscribieron también esos comunicados. Unos pocos nombres: Alberto Bustamante, Rafael Vásconez Gómez, Miguel Páez, Manuel Stacey, Antonio Sie­rra y César Mantilla, director del diario El Comercio, periódico antialfarista a rabiar.

También la prensa de Quito, al igual que la de Guayaquil, era furiosamente antialfarista. En forma cri­minal y desvergonzada incitó abiertamente el asesinato de los prisioneros. Veamos siquiera dos ejemplos. El diario La Constitución, dirigido por el minis­tro Octavio Díaz, decía lo siguiente en su editorial del 21 de enero de 1912:

La hidra revolucionaria que se asomó por las orillas del Guayas ha recibido el golpe mortal en la cabeza, y si pudiera creerse que todavía da señales de vida, no es más que porque la cola del alfarismo ─que es lo último que muere en todo anfibio─ se agita, azotando el suelo, en de­sesperada lucha, con los últimos estertores de la agonía.
Un poco más y de todo ello no quedará más que un cadáver repugnante y asqueroso, envuel­to en su propia sangre y veneno. ¡Cuestión de tiempo, solo de tiempo!
¡Ah, infames! sabed que al Ecuador hoy le basta una hora para exterminaros![14]

Y La Prensa, que tenía como redactores a Gon­zalo Córdova, Enrique Escudero y Aníbal Viteri Lafronte, entre otros, en un editorial titulado “La víbora en su casa” del mismo mes de enero de 1912, decía nada menos que esto:

Esta es la víbora que tenemos entre nosotros, oh ecuatorianos, y a esta víbora es preciso tri­turarla (…) no merece otra cosa que un sali­vazo en la cara, hasta que llegue el momento de castigarle con todo el rigor que merece su insolencia y sus crímenes …
Al gobierno y al pueblo ecuatoriano, por su par­te, y el Cuerpo Diplomático, por otra, todos es­tamos en el deber de dejar en salvo, con nuestra actitud enérgica y altiva, la majestad de la Na­ción, y las leyes de la moral y del honor.
A la víbora, aplastarla.[15]

Y en las otras provincias el panorama era igual o parecido.

Una gran parte de los seudoliberales que dieron al traste con el alfarismo, ocuparon altísimos cargos en el gobierno del general Alfaro, quien pensando afianzar­se, o por urgencias de dinero para el Fisco, como asevera Roberto Andrade, hizo muy serias concesiones a este sector, con lo cual nada ganó la revolución, sino que, al contrario, empezó a ser minada desde adentro. Este fue, sin duda, uno de sus tantos errores.

Sin embargo, nunca confió en ellos porque preveía su traición. En carta de 1909 dirigida a la madre de Vargas Torres, decía lo siguiente:

Estos hombres ilusos o felones impugnan como errores míos o peor aún como a dolo, el titáni­co esfuerzo desplegado para realizar, en corto tiempo obras fundamentales para el progreso de la República, antes que los gobiernos que se su­cedan vayan a ser conducidos por fingidos li­berales que pactarán con la funesta y corrompi­da argolla que ha esclavizado durante tantos y tantos años a la mayoría de los habitantes de la Nación.[16]

La previsión se cumplió. La alianza de conser­vadores y liberales de derecha, de facto había venido actuando desde mucho antes, como se ha visto. Los asesinatos no eran sino la culminación del objetivo per­seguido para terminar con toda amenaza revolucionaria. Era la llegada a la meta.

Pero las dos fuerzas coaligadas tuvieron un alia­do que actuaba desde las sombras, sobre seguro. Este aliado era el imperialismo. De esto hablaremos en un próximo capítulo.


PADRÓN DE INCITADORES DEL ARRASTRE

Dimos antes unos tantos nombres de los aristó­cratas latifundistas que con sus furibundos pedidos de castigo y escarmiento para los generales derrotados, o mediante cualquiera otra clase de acciones, pusieron leña para prender la hoguera bárbara.

Ahora indicaremos las propiedades de algunos de esos ricos terratenientes para que no se diga que fal­seamos su ubicación clasista y económica, procuran­do que estén representados liberales y conservadores ─puesto que actuaron en híbrida conjunción─ a fin de no hacer odiosas discriminaciones. De ser posible aña­diremos unos pocos otros nombres, advirtiendo que no se trata de mostrar todo su patrimonio, sino solamente una parte, ínfima en ciertos casos, a manera de muestra. Empezamos.

Alfonso Barba

Dueño de estas haciendas: El Hospital, Peguche, Piñán, Quinchuquí y Coñaquí en Imbabura, y Ca­pelo en Pichincha.

Lino Cárdenas

En la Monografía del Cantón Mejía, de Pablo Reyes, consta como propietario de la hacienda El Rosa­rio. Socio de la Sociedad de Crédito Agrícola e Industrial de Quito.

Pedro Pallares Arteta

Propietario de Santa Ana y Chóntag, haciendas situadas en Pichincha. También fue socio de la Sociedad de Crédito Agrícola e Industrial que acabamos de indicar.

Ricardo del Hierro

Dueño de San José y Capote, latifundios situa­dos en la provincia del Carchi. Su esposa, Aurelia Es­cudero, poseía la hacienda Juigua en Cotopaxi.

Rafael Barba España

Eran de su pertenencia las haciendas El Porve­nir y San Germán en Pichincha. Socio del Banco del Pichincha.

José Rafael Bustamante

Propietario de la gran hacienda Palugo en Pi­chincha. Fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Eduardo Demarquet

Dueño de las haciendas denominadas Patalchubamba y La Delicia en Pichincha. Estuvo casado con Beatriz Morla, de esa familia de latifundistas guayaquileños que ya conocemos. Em­parentado con los Fernández Salvador, grandes terrate­nientes de Pichincha.

Leonidas Plaza Gutiérrez

El matrimonio Plaza─Lasso fue dueño de las si­guientes haciendas: Angla, Cochicaranqui, Zuleta y To­po en Imbabura, y Chalupas, La Ciénega, Rodrigana y Saquimalag en Cotopaxi.[17] De lo que resulta increíble esa leyenda de que un hijo suyo se costeó sus estudios vendiendo manza­nas en las calles de Nueva York, a no ser que el propie­tario de los ocho latifundios mencionados haya sido un Grandet.

Carlos Pérez Quiñones

Propietario de las haciendas San Rafael y Co­llas en Pichincha y Conraquí en Imbabura. Accionista de la Compañía Nacional de Tranvías, gerente de la Compañía de Crédito Agrícola e Industrial en 1911 y gerente del Banco del Pichincha en 1913.

Alberto Bustamante

Dueño de la hacienda Culquipamba en Pichin­cha. Gerente de la Compañía de Crédito Agrícola e Industrial. Del Banco del Pichincha.

Gonzalo Córdova Rivera

Dueño de la hacienda Ayancay en el Azuay. Presidente de la Cervecería La Campana de Quito. Del Banco del Pichincha. En el periódico La Prensa de Quito, que dirigía, se publicó después de los arrastres un tonto y asqueroso poema que terminaba así:

No tienes los homenajes
De los postreros saludos,
Y en tan necio desamparo,
Y en soledad tan inmensa,
El alma dice suspensa:
¡Bien muerto está Eloy Alfaro!

Temístocles Terán

Dueño de las haciendas Mediano y San Agus­tín en Pichincha.De la Sociedad Nacional de Agricultura y de la Cámara de Comercio de Quito.

Luis Robalino Dávila
Dueño de las haciendas Guasán, San José y Tanquis en la provincia del Chimborazo. Más tarde adqui­rió La Merced en Pichincha.

Fernando Pérez Quiñones

Propietario de las siguientes haciendas localiza­das en Pichincha: Alcaldía, El Conde, Miranda, Pisuquí, San José de la Calera y San Pedro. Pertenecía al Banco del Pichincha y poseía la fábrica textil San Pedro en Imbabura.

Atanasio Zaldumbide Gómez de la Torre

Junto con sus hermanos poseía los latifundios llamados Pimán, Carpuela y Yuracruz, situados en Imba­bura. Se dice que el poeta Gonzalo Zaldumbide se inspiró en estas haciendas para escribir su tan conocida novela Égloga trágica.

Pedro Villota Zarama

Dueño de La Merced y Conejeros en Pichincha. Su hermano Rafael poseía la hacienda La Josefina en la misma provincia.[18]

José Francisco Román Checa

Dueño de la hacienda Barrotieta en Pichincha. Su hermano Arturo fue dueño de El Rosario en la misma provincia y ejecutivo del Banco de Abasto de Quito.

Pablo Alberto Vásconez

Propietario de San Rafael en Pichincha y de Palama en Cotopaxi. “Dueño de vastas heredades”, como le califica el escritor Leonardo Barriga en su libro Valores huma­nos de Cotopaxi.

Miguel Valverde


Después de verificado el crimen de El Ejido es­cribió en El Globo de Manabí un largo y bajo artículo justificando y aplaudiendo la matanza. Pertenecía a una familia de terratenientes cos­teños según confiesa en su libro Anécdotas de mi vida, publicado en Europa en 1919, con prólogo de Gonzalo Zaldumbide. Su padre fue dueño de una hacienda de caña de azúcar en Yaguachi, Guayas.


Lástima que no podamos seguir.

Pero nos parece que basta lo expuesto para pro­bar que fue el sector terrateniente el principal opositor de la revolución, oposición que al final se transformó en horrendo crimen. La formación de las facciones alfarista y placista no tienen origen en rivalidades personales como algunos han sostenido, sino que se trata de una división de sectores clasistas con intereses diversos y una visión política distinta. Pensamos, por esto, que el historiador Alfredo Pareja Diezcanseco se equivoca cuando sustenta el primer punto de vista en el agrega­do hecho en la segunda edición ─Clásicos Ariel─ de su conocida obra La hoguera bárbara. Adición, porque no consta esa tesis en el capítulo titulado “La sucesión” de la primera edición mexicana del año 44. El doctor Osval­do Hurtado en su publicitado libro El poder político en el Ecuador, también expresa ideas parecidas al refe­rirse al alfarismo y al placismo, a los que considera so­lamente como manifestaciones del caudillismo, sin con­siderar que éste, de ninguna manera excluye un antago­nismo clasista o de sectores de una misma clase.

No se trataba de facciones personalistas, esen­cialmente. Para el año de 1912 el sector terrateniente de toda la república se había pronunciado en contra de Alfaro y en favor de Plaza.

Ya en el Acta del pronunciamiento de Montero de diciembre de 1911, suscrita apenas por 106 personas, no se encuentran los “grandes cacaos”, pues su inmensa mayoría estaba en el bando contrario o esperaba en si­lencio el desenlace de los acontecimientos, tanto que el diario El Comercio de la ciudad de Quito, en un editorial que llevaba el significativo título de “Por el ho­nor de Guayaquil”, decía lo siguiente:

Nos parecía increíble que la libérrima Guayaquil hubiese secundado la traición de Montero o que, consumada esta, alcanzara a merecer su apoyo. La nómina publicada de los que han proclamado Jefe Supremo de la República a un sol­dado vulgar manifiesta que ni uno solo de los guayaquileños que, por algún título figuran en la sociedad, ha cometido la vileza de rendir parias a la más infame de las felonías. De las 40 personas que en una ciudad de 68.000 habitantes se humillan miserablemente ante Montero, todas son desconocidas.[19]

El editorialista, como se ve, mentía sobre el número de firmantes. Tampoco eran desconocidos, pues allí figuraban nom­bres de prestigiosos jefes militares que habían ganado sus grados en los campos de batalla, como los coroneles León Benigno Palacios, Julio Concha, León Valles Franco y otros de menor graduación. Otros eran desta­cados dirigentes populares, como Juan E. Naula, por ejemplo. Mas esto no valía nada. Solo contaban los señorones de la aristocracia terrateniente y los grandes financistas!

En Ambato ─ver Páginas de verdad de Ramón Lamus─ a los pocos días de la incineración de los gene­rales, el 8 de febrero, la plana mayor del gamonalismo ambateño sostiene en un manifiesto que el “General Plaza es el único llamado a ocupar el solio presidencial”.[20] Entre los firmantes están nada menos que los Holguín, los Vela Ortega, los Martínez, los Vásconez, los Se­villa, los Cobo, los Coloma, etc. Todos grandes propie­tarios.

En Manabí ─provincia que no hemos citado─ su­cedía cosa parecida. En el valioso estudio de Carmen Dueñas Historia económica y social del norte de Mana­ se dice: “Para los años de 1911 y 1912, en que se produce el último movimiento de Alfaro, que culmina con su asesinato, la burguesía comercial de Bahía, con excepción de aquellos fieles adeptos a Alfaro, quienes se mantienen como tal hasta la muerte, es ya partidaria del orden y progreso y otorgan todo su apoyo a la Cons­titución y al General Leónidas Plaza”.[21] La burguesía comercial manabita estaba íntimamente ligada al lati­fundio.

La suerte estaba echada.


EL IMPERIALISMO Y EL ASESINATO DE ALFARO


En el prólogo de las Obras Escogidas de Eloy Alfaro publicadas en 1959, Elías Muñoz dice:

En el asesinato de Alfaro no tiene menos inter­vención la posición de los agentes diplomáti­cos de los grandes países imperialistas, Estados Unidos e Inglaterra, que impidieron a los respec­tivos cónsules tomaran medidas para exigir el cumplimiento del armisticio por el cual estaba asegurada la vida de Alfaro, Montero y más lí­deres del liberalismo.[22]

Así es efectivamente, aunque antes no se haya dicho esa verdad en forma tan terminante, si bien es cierto que a raíz mismo de los acontecimientos se puso en duda la soterrada actuación de tales potencias, sobre todo por parte de la prensa latinoamericana.


Se sabe que los cónsules de Estados Unidos y de Inglaterra radicados en Guayaquil, Herman Dietrich y Alfredo Cartwright ─por pedido de la ciudadanía y por amistad con algunos de los prisioneros según se afirma─ firmaron y garantizaron el fiel cumplimiento del tratado de Huigra que aseguraba expresamente la vida de los detenidos, estando por consiguiente en la obligación de demandar su respeto de acuerdo a las normas del dere­cho internacional. Pero eso no se hizo, porque sus superiores, los representantes diplomáticos de Quito, se opusieron con tenacidad.

Apenas conoció la firma del tratado que ponía a salvo a los jefes de la revolución, el gobierno de Quito entró en febril actividad para dejarlo sin efecto, alegan­do que no estaba aprobado por el ejecutivo y que no se había cumplido “con la condición sine qua non de la entrega de la plaza de Guayaquil que fue tomada por las armas por el heroico pueblo guayaquileño”,[23] según cons­ta de un telegrama de Freile Zaldumbide inserto en las Páginas de verdad de Ramón Lamus. La entrega de que se habla fue impedida por las mismas fuerzas gobiernistas, pues los cónsules garantes, en comunicación al gobernador de la provincia, certifi­can la ninguna culpabilidad del general Montero. No obstante, se tiene la desvergüenza de alegar un hecho completamente falso.

Por otra parte, el ministro de Relaciones Exte­riores Carlos R. Tobar ─que tenía la insolencia de decir que nunca había estrechado la mano del general Eloy Alfaro por precaución y aseo─ emprendió en una gran campaña de prensa, citando a todos los tratadistas de derecho que conocía, tratando de demostrar que no eran válidas las capitulaciones de Huigra.

El tratado de Huigra
Es obvio que todos los esfuerzos de Freile Zaldumbide y toda la sabiduría del señor Tobar hubieran quedado en la nada si los diplomáticos de las dos gran­des potencias, acostumbradas a hacer respetar sus de­cisiones hasta con la fuerza, hubieran resuelto respal­dar a sus cónsules. Sin duda, no se trataba sino de una comedia concertada para cubrir las apariencias y justi­ficar una determinación ya tomada. Al final, el “Ministro norteamericano Evan E. Young ─son palabras que constan en la parcial biografía de Alfaro escrita por Wilfrido Loor─ cree que Tobar está en lo justo, y ordena al Cónsul de Guayaquil que se abstenga de tomar parte en la política interna del País, que limite sus atribucio­nes al cumplimiento de los deberes de su cargo”.[24] Y aña­de Loor con toda verdad y franqueza: “Con la conduc­ta de Tobar y de Young, los Alfaros pierden a sus mejores defensores, y quedan a merced del gobierno de Quito, que se opone a su libertad”.[25] Hay que aclarar solamente que la conducta de Tobar hubiera valido un bledo sin la conducta determinante del procónsul Young.

Tobar, alborozado, comunicó a Guayaquil el visto bueno para la matanza:

"Cuerpo diplomático residente hame dicho haber telegrafiado a sus Cónsules en Guaya­quil, la abstención más completa respecto de asuntos que no les concierne, tales como los re­lativos a lo que el gobierno ha ordenado tocan­te a los cabecillas de la revuelta de Cuartel que terminó".

Véase como los Estados Unidos, la potencia que nunca ha vacilado en inmiscuirse en los asuntos de to­das las naciones, ahora, para patrocinar un crimen ─ya que el ministro yanqui sabía perfectamente que el tras­lado a Quito significaba la muerte─ ¡hipócritamente pro­hibía “tomar parte en la política interna del país"!

Ya nada había que hacer. Los cónsules tuvieron que acatar la resolución superior. Leónidas Plaza ─fir­mante del tratado de Huigra y el mayor responsable de los crímenes─ llegó al extremo de disponer el arresto del general Medardo Alfaro que se encontraba a bordo del barco británico “Quito” y que no había tenido ninguna participación en los sucesos. Las protestas del ca­pitán del barco y del cónsul Cartwright fueron desoí­das, y la diplomacia inglesa, tan susceptible en otras oca­siones, dejó pasar los hechos como si nada. El acuer­do se cumplía estrictamente.

El móvil para la intervención del imperialismo en los asesinatos del 28 de enero de 1912 ─del yanqui especialmente─ no fue sino el afán de eliminar a un estadista patriota y decidido defensor de la soberanía na­cional como el general Alfaro, considerado por esta ra­zón como un obstáculo para la fácil penetración extran­jera en nuestro suelo, penetración necesaria para poder medrar de sus riquezas. Para esto era menester de man­datarios dóciles, de columna vertebral doblegada, iguales a los que había logrado imponer en otros pueblos. Y Alfaro, tal como prueban sus actos, no reunía tales condiciones.

Es seguro, que aparte de lo dicho, existían tam­bién motivos más concretos y más cercanos. Plaza era hombre de plena confianza de Yanquilandia y no es di­fícil, dada su inescrupulosidad, que haya hecho ofreci­mientos generosos para lograr apoyo. Roberto Andrade cree que se había puesto en contacto con negociantes yanquis para vender Galápa­gos, razón por la que una vez llegado al poder luego de los arrastres, hizo múltiples gestiones con ese fin y hasta buscó cómplices entre los gobiernos latinoamericanos para realizar el siniestro plan.[26] El periódico La Prensa de Lima, decía que el Ogro del Norte “se ha cruzado de brazos ante las cenizas de Alfaro”, porque recibió del placismo “la más sólida oferta de venta del Archipiélago de Galápagos”. Y en el diario La Crónica de la misma ciudad, se afirmaba que Plaza “salió de Nueva York llevando en su portafolio un contrato yankee para el saneamiento de Guayaquil y otros contratos yankees para empréstitos a tipos leoninos”.

El imperialismo, como se ha visto, no trepidó en ayudar a los asesinos de Alfaro en aras de sus mezqui­nos intereses.

Un año más tarde ─aunque en forma más directa─ sacrificará al presidente Madero de México, valiéndose igualmente de sus representantes diplomáticos.

Hoy esta práctica criminal del imperialismo es fenómeno común y generalizado. Ayer Sandino y hace muy poco Allende son prueba fehaciente de su saña.


[1]  Capítulos del libro de Oswaldo Albornoz Peralta, Ecuador: Luces y sombras del liberalismo, Editorial El Duende, Quito, 1989, pp. 119-140.
[2] El Partido Conservador sindica a los asesinos de Alfaro y compañeros, Panamá, 1919, p. 15.
[3] César Sánchez Núñez, Fuego y sangre, Imp. Eléctrica, Bogotá, 1913, p. 56.
[4] La semana trágica. Gua­yaquil criminal, 1914, pp. 10, 4.
[5] Ibíd.
[6] Roberto Andrade ¡Sangre! ¿Quién la derramó?, Imp. antigua de “El Quiteño libre”, Quito, 1912, p. 217.
[7] La Constitución Nº 45,  Quito, 10 de enero de 1912.

[8] Luis Eduardo Bueno, El mes trágico: compilación de documentos para la historia ecuatoriana, Imp. Valdez,  Quito, 1916, p. 223.
[9] Olmedo Alfaro, El asesinato de Alfaro ante la historia y la civilización, 1912.
[10] Elías Muñoz Vicuña, Los generales no co­rren, Imprenta de la Universidad de Guayaquil, Guayaquil, 1981, p. 114.
[11] José Peralta, Eloy Alfaro y sus victimarios, segunda edición, Corporación “José Peralta”,  Cuenca, 1977, p. 80.
[12] Roberto Andrade, ¡Sangre! ¿Quién la derramó?, op. cit., p. 217.
[13] Luis Eduardo Bueno, El mes trágico, op. cit.
[14] “Editorial”,  La Constitución, Quito, 21 de enero de 1912.
[15] “La víbora en su casa”, La Prensa, Quito, enero de 1912.
[16] Eloy Alfaro, “Carta dirigida a  Delfina Torres”, Quito, 1909, en La liebre ilustradaQuito, 17 de abril de 1988.
[17] Ver Estructura agraria de la Sie­rra Centro - Norte, op.cit.,
[18] Luis Armendaris, Darío C. Guevara, Monografía del Cantón Rumiñahui, Imp. Ecuador, Quito, 1943.
[19] “Por el ho­nor de Guayaquil”, El Comercio, Quito, enero de 1912.
[20] Ramón Lamus G., Páginas de verdad: la última guerra ecuatoriana 1911-1912, Imprenta y Encuadernación Nacionales,  Quito, 1912, pp. 312-313.
[21] Carmen Dueñas, Historia económica y social del norte de Mana­, Ediciones Abya Yala, 1986.
[22] Elías Muñoz, Prólogo de las Obras Escogidas de Eloy Alfaro, t. I, Ediciones “Viento del Pueblo”, Guayaquil, 1959, pp. X-XI.
[23] Ramón Lamus G., Páginas de verdad, op.cit., p. 169.

[24] Wilfrido Loor, Biografía de Alfaro, t. III, Editorial Moderna, Quito, 1947, p. 966.
[25] Ibíd.
[26] Roberto Andrade, Vida y muerte de Eloy Alfaro, Nueva York, 1916.

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