Está circulando
desde julio del 2016 el más reciente libro de Enrique Ayala Mora, García Moreno su proyecto político y su
muerte, donde defiende la tesis, compartida por otros conocidos autores, del
papel supuestamente cumplido por ese representante del conservadorismo
ecuatoriano de constructor del Estado nacional. Hace varios años Oswaldo
Albornoz Peralta escribió este trabajo para, desde una óptica marxista, refutar
esa interpretación que, dado el prestigio y mayor posibilidad de sus defensores
de difundir sus ideas en nuestro medio, se va convirtiendo en casi verdad
aceptada y repetida en las instituciones educativas. Lea, compare y juzgue.
García Moreno: un falso
constructor del Estado nacional[1]
Oswaldo Albornoz Peralta
Tergiversando los hechos o
interpretándolos artificiosamente, la derecha ecuatoriana presenta a García
Moreno como mandatario progresista y gran constructor de nuestro Estado
Nacional, para aparecer así, junto a él, como partícipe de esos atributos.
Desafortunadamente, sin examinar de manera exhaustiva esa tesis y guiados tan
solo por unos pocos datos de diverso carácter, no han faltado quienes han caído
en esa trampa.
La formación de la nación moderna,
producto del desarrollo histórico de la sociedad, alcanza su culminación
solamente cuando se descompone el sistema feudal y se afirma el capitalismo que
crea relaciones económicas estables y un mercado interno único en la comunidad
territorial. Sin desarrollo capitalista, no existe nación.
Por tanto, todo lo que favorece el
desarrollo capitalista, afianza el carácter nacional de un pueblo. Y al
contrario, lo que se opone y obstaculiza ese desarrollo, es de índole
antinacional.
Ricaurte Soler, destacado escritor
panameño, señala con toda razón, dos fuerzas como esencialmente antinacionales:
los terratenientes y el clero.
Y son precisamente estas fuerzas,
no otras, las que dominan y gobiernan durante el periodo garciano.
Los terratenientes de carácter
feudal son los mayores propietarios de la tierra, y ese sistema de propiedad
determina el régimen político de todo el país. El carácter terrateniente del
gobierno de García Moreno es tan manifiesto que no ha podido ser negado ni por
los mismos autores que le califican de progresista, por lo cual, para
endilgarle este mote, han tenido que recurrir a otras sutiles y forzadas
argumentaciones.
La dominación garciana significa
un periodo de afirmación y expansión del latifundio. Se crean, para esto, todos
los medios conducentes a ese fin, especialmente los más idóneos, aquellos de
carácter jurídico. El reparto de tierras baldías a los grandes propietarios,
expropiando a los campesinos, es uno de los procedimientos más usuales. Las
tierras de las comunidades indígenas son usurpadas constantemente, por la
fuerza, o valiéndose de los más obscuros subterfugios. Los contratos de obras
públicas, según afirma Manuel Chiriboga, se pagan con grandes extensiones de
tierra en el Oriente y en la provincia de Esmeraldas, “autorizando casi siempre
el desalojo de las tribus no reducidas”. También “se remataba el arriendo de
grandes zonas, como las montañas de Bulu Bulu, otorgadas a José García Moreno,
hermano del presidente, zonas que a su vez eran continuamente cercenadas”.[2]
El concertaje es el complemento
del latifundio, puesto que constituye la mano de obra necesaria para su
funcionamiento. Por esto, varios instrumentos legales, se dictan para facilitar
el abastecimiento de conciertos o para asegurar su permanencia en las
haciendas. La usurpación de tierras comunales, sobre todo, conducen a lo
primero. Y los reglamentos de policía, que persiguen con saña a los
trabajadores conciertos que tratan de huir de la férula de los terratenientes,
preserva lo segundo, con mayor fuerza quizás, que en los gobiernos de Juan José
Flores.
Esta situación es resumida por los
sociólogos Rafael Quintero y Erika Sylva en la siguiente forma:
El Estado amparó a los
terratenientes fundamentalmente por medio del aparato jurídico, que brindó el
marco legal para todas aquellas medidas coercitivas, usurpadoras y represivas.
El aparato jurídico funcionó, de esa manera, como sancionador legal de la
arbitrariedad terrateniente, coadyuvó al fortalecimiento de la hacienda y
consolidó la dominación directa legitimando los órganos represivos operantes en
el latifundio.[3]
Ante la arbitrariedad y la
explotación terrateniente –protegidas por el Estado– a los campesinos,
especialmente a los indígenas que son los más afectados, no les queda otro
recurso que la resistencia. La rebelión de Fernando Daquilema, como sabemos, es
la de mayor envergadura.
El latifundio clerical.
Ricaurte Soler, después de hacer
un breve recuento sobre la riqueza territorial del clero americano, expresa lo
que sigue:
El clero constituyó, pues,
subjetiva y objetivamente, una clase social antinacional. Absorbiendo parte
considerable de la población, materialmente improductivo e ideológicamente
retrógrado, el clero acumuló inmensas propiedades incompatibles con el
desarrollo capitalista. Sus “bienes de manos muertas” constituyeron,
efectivamente, un peso muerto, un tremendo obstáculo en la tarea de unificar
económicamente las diversas regiones hispanoamericanas. Privilegiados por el
“fuero eclesiástico”, cuerpo aparte en la sociedad civil, Estado dentro del
Estado, frenó los sueños de organización estatal-nacional económica, social,
administrativa y políticamente.[4]
Sin suscribir la categoría de
clase que da al clero el autor citado, es evidentemente cierto todo lo que deja
expuesto y, por lo mismo, aplicable a la realidad ecuatoriana.
En efecto, para nadie es
desconocido que el clero es, durante todo el siglo XIX, el mayor latifundista
del Ecuador. Por múltiples medios, no siempre lícitos, a través de toda la
colonia ha venido acaparando tierras en todos los confines, sólo restadas por
la expulsión de los jesuitas, cuyas propiedades van a parar a manos de la
aristocracia criolla. Pero, dada la magnitud de lo acrecentado, ni siquiera
este enorme traslado al latifundio laico, logra hacer mayor mella en el poder
económico alcanzado.
La causa principal para el
continuo crecimiento de los bienes raíces eclesiásticos, es sin duda su
inmovilidad, el carácter de “manos muertas” que tienen. Para impedir ese
crecimiento y propender a su libre circulación, durante la existencia de la
Gran Colombia, se toman algunas medidas al respecto. Sobre este particular,
David Bushnell dice:
El Congreso de 1824 decretó la
prohibición de toda futura transferencia de propiedad a manos muertas. Las
funciones religiosas del tipo de las capellanías podrán establecerse pero solo
si sus propiedades se hacían alienables, y todas las formas de propiedad raíz
dadas al clero en calidad de manos muertas tenían que ser vendidas en pública
subasta y su valor pagado a la tesorería nacional. El Estado, a su turno, se
comprometía a pagar anualmente los intereses que la venta podía determinar.[5]
Y la Ley de Patronato, por otro
lado controla las rentas de la Iglesia.
Una vez separado el Ecuador de la
Gran Colombia, en 1851, el presidente Diego Noboa deroga la obligación de
vender los legados en pública subasta, disponiendo que los monasterios de uno u
otro sexo entrarán sin obstáculo alguno en libre posesión de los bienes raíces,
que en vida o al morir, se les dé por título lucrativo con arreglo a las
leyes”.[6]
Además, para su venta, se señala que se deben guardar los requisitos canónicos y obtener la autorización de la Asamblea
Nacional. Con esto, tal como observa el escritor Manuel Medina, se tiende a la
conservación del patrimonio eclesiástico al margen de todo intercambio
comercial, ya que las disposiciones
canónicas tienen como principal finalidad el acaparamiento de bienes.
Es de advertir, que las donaciones
o legados, sobre todo los adquiridos de parte de los moribundos, es uno de los
métodos más usuales para la adquisición
de bienes raíces. Los clérigos, poniendo por delante las penas del
infierno, obtienen de las personas en trance de muerte valiosas propiedades en
perjuicio de los legítimos herederos. El ministro del presidente Robles, doctor
Antonio Yerovi, en la Exposición que
presenta al Congreso de 1858, denuncia esta práctica con relación a los censos.
También Joaquín Chiriboga, en su libro La
luz del pueblo, anota así mismo actos de igual naturaleza, que él, como
ex-sacerdote, los conoce bien a fondo.
 |
| El presidente García Moreno con los prelados de la Iglesia católica luego de la firma del Concordato. Grabado |
El Concordato, negociado por
García Moreno, empero, se constituye en el mejor instrumento para el
acrecentamiento del patrimonio eclesiástico. Si antes la Iglesia sólo podía
adquirir bienes por legado o donación, ahora, expresamente, se deroga esta
disposición. El artículo 19 establece que la “Iglesia gozará del derecho de
adquirir libremente y por cualquier justo título, y las propiedades que
actualmente posee y las que poseyerá después, le serán garantizadas por la
ley”. Se añade que la “administración de los bienes eclesiásticos corresponde a
las personas designadas por los sagrados cánones, las que únicamente examinarán
las cuentas y los reglamentos económicos”.[7]
Así, desaparece totalmente la vigilancia sobre tales bienes, dispuesta
anteriormente por la Ley de Patronato.
Manuel Medina, después de analizar
el alcance del Patronato, extrae esta justa conclusión:
Y así, al amparo de la ley de
Concordato, la iglesia afianza e incrementa su patrimonio, extendiéndole
infinitamente sobre las mejores tierras del Ande y perpetuando sobre ellas la
esclavitud del indio. Gran propietaria en la Colonia. Bastión inamovible del
feudo medieval y del trabajo servil. Hasta la Revolución Liberal.[8]
El poder económico de la Iglesia,
entonces, es inmenso. Y su latifundio, por inmóvil e infraccionable, por estar
sometido a una administración más regular y hallarse diseminada por todo el
territorio nacional, tiene amplias ventajas sobre el latifundio laico. Esto
explica –aparte del poder ideológico que detenta monopólicamente– la posición
dirigente que ocupa durante el régimen garciano. Es la vanguardia, sin duda, de
la clase terrateniente.
En suma, es el latifundio, tanto
laico como clerical, el obstáculo mayor para la formación de un mercado interno
único. Manteniendo al campesinado en condición servil y sumido en la miseria
–al indio sobre todo– que en ese entonces constituye la inmensa mayoría de la
población, es imposible extender el mercado y propender a la monetización del
campo. Sin salario ¿qué puede comprar el trabajador indígena? Toda mercadería
se halla fuera de su alcance.
Esta limitación del mercado, como
se puede suponer, constituye un gran impedimento para un mayor desarrollo
manufacturero e industrial.
Por otro lado, los bienes de
“manos muertas” –que ya sabemos las proporciones que alcanzan– al mantenerse
inmovilizados y al margen de las transacciones comerciales, como todo el mundo
reconoce, son una traba para el desarrollo de la agricultura. Igualmente, los
diezmos y censos, complemento del latifundio clerical.
Es extraño, por lo expuesto, que
quienes han calificado a García Moreno de progresista y constructor de la
nación, pasen por alto el problema agrario y se refieran únicamente a otros
aspectos económicos menos importantes, evadiendo así, lo que sin duda es
fundamental.
El valioso investigador Fernando
Velasco por ejemplo, para sostener esta tesis, señala la construcción de una
infraestructura vial, el incremento del comercio, la fundación de bancos y el
aumento de las renta del presupuesto nacional.
Es cierto que existen avances en
este género. Y esto es muy explicable, pues las relaciones capitalistas,
nacidas en la entraña de la feudalidad, habían venido desarrollándose desde
mucho atrás, y si bien ellas pueden ser obstaculizadas, no pueden desaparecer,
porque lo nuevo siempre se impone a lo viejo. Esta es una ley ineludible que
garantiza el paso de un modo de producción a otro.
Las vías de comunicación, que
indudablemente facilitan el intercambio, no pueden surtir mayor efecto si no
están en consonancia con el aumento de la producción y de la capacidad
adquisitiva de las masas frenados por el latifundio. De otro lado, el
incremento vial, pese a las muertes de los indios que ocasiona, es bastante
relativo. Gran parte de los proyectos viales de García Moreno no se realizan y
otros son abandonados y terminan en fracaso. Algunas provincias son
completamente olvidadas.
El florecimiento del comercio
puede calificarse de notable, pero está fincado principalmente en el
florecimiento de las exportaciones de cacao que, como es obvio, no depende de
ninguna medida gubernamental, sino de causas de carácter externo. Las
exportaciones de Guayaquil entre 1870 y 1875 alcanzan a 21 millones 718 mil 614
pesos, correspondiendo al cacao la suma de 14 millones 282 mil 965, o sea el
66,2%, es decir a las dos terceras partes. Este puerto, entonces, adquiere la
categoría de importante centro comercial, razón por la que se instalan allí
algunas agencias de compañías europeas de navegación.
La creación de algunos bancos
–signo capitalista– es consecuencia directa de la intensificación de las
exportaciones de cacao y la consiguiente acumulación de capitales, por lo que,
a excepción de uno, se ubican en la ciudad de Guayaquil. El principal es el
Banco del Ecuador, que logra adquirir preponderancia porque “se había comprado
al gobierno con un préstamo de 500 000 pesos” [9]
y por contar con padrinos poderosos, como Antonio Flores y Pedro Pablo García
Moreno, este último, hermano del presidente. De este modo consigue grandes
privilegios, como la disposición para que las oficinas públicas admitan
únicamente sus billetes, que le permiten, en poco tiempo, liquidar a dos de sus
rivales: el Banco Particular y el Banco Nacional. Es la primera guerra bancaria
según Julio Estrada Icaza.
El incremento presupuestario se
debe principalmente a las entradas provenientes de las exportaciones del cacao
y de otros productos tropicales que, como ya se dijo, están supeditados a las
fluctuaciones del comercio internacional.
Estos ingresos –tal como afirman
Rafael Quintero y Erika Sylva– gracias a la llamada “racionalización” del
manejo fiscal, son empleados para favorecer los intereses de los terratenientes
de la región centro-norte especialmente, “para intentar aliviar la profunda
crisis económica de su “región”.[10]
Empleo que, para los autores que acabamos de citar, constituye una verdadera
tabla de salvación para los latifundistas mencionados.
Son estos, entonces, los avances
económicos que se han señalado como sustento de “progresismo” del régimen
garciano. Empero, por lo visto, ninguno se debe a la acción o iniciativa de
García Moreno. Es más: tienen lugar a pesar de García Moreno.
* *
*
También se ha dicho, por parte de
los apologistas de García Moreno, que él realiza, durante sus gobiernos, la
integración o unificación de la nación.
La verdadera integración nacional
tiene carácter económico: es la formación del mercado interno único, como ya se
dijo. Y el régimen terrateniente de García Moreno es, cabalmente, todo lo
contrario de esta meta.
Se ha confundido o se ha querido
entender como integración la simple centralización administrativa que se da
para tratar de cohesionar mejor a los distintos grupos terratenientes
provinciales, a fin de que unidos y dirigidos por una férrea dirección central
única, puedan controlar el Estado y defender con mayor eficacia sus intereses.
Este hecho es percibido así, por Manuel Chiriboga:
Efectivamente, el gobierno de
García Moreno representaría el momento más alto de control de los aparatos del
estado, por la fracción de terratenientes nacionales. Establecería de hecho la
dominación de estos sectores, sobre los terratenientes de carácter regional y
local. Seguramente, en este sentido se debe comprender la unificación nacional,
organizada bajo su mando, y no como una alianza inestable de grupos terratenientes
regionales, como se ha querido representar.[11]
En suma, esto no es otra cosa que
la realización del ideal terrateniente del Estado “fuerte”. La aristocracia
latifundista criolla, cuando ve esfumarse la posibilidad de establecer una
monarquía, considerada por ella como el mejor sistema de gobierno para mantener
su dominio, se inclina por este tipo de control estatal. Primero, defiende con
fervor el Código Boliviano, luego trata de imponer la Carta de la Esclavitud
floreana y, finalmente, logra este propósito en 1869 con la promulgación de la
Carta Negra.
Se sabe que García Moreno fracasa
en el intento de establecer el régimen monárquico con su Protectorado. Luego
combate sin tregua la Constitución de 1861 que recoge la mayoría de los
postulados liberales de anteriores cartas constitucionales. Tobar Donoso
confiesa:
Andando el tiempo llegó a
arrepentirse de haber aceptado el ejercicio de la autoridad, mientras regía la
Constitución del 61. Había, en efecto, profunda e insubsanable antítesis entre
el genio del Presidente y el de esa Carta, que debilitaba y encadenaba al
Poder. La antítesis no pudo resolverse en el campo de la ley; y García Moreno,
saliéndose del estrecho margen constitucional, salvó, si bien con medios
cruentos y extraordinarios, la paz perturbada por el partido urbinista, al cual
auxiliaban Perú y Colombia.[12]
Esa Carta, entonces, es ineficaz
para regir el Estado “fuerte” que él desea. Por eso, esgrimiendo el argumento
de la insuficiencia de las leyes, la hace trizas cuantas veces le viene en
gana. No importa que su ruptura cueste la vida de muchísimas personas. Es
“labor purificadora” para que el país evolucione, según el doctor Tobar Donoso.
El impedimento –suplido con la
inescrupulosidad hasta entonces– desaparece con la Constitución de 1869. Para
su promulgación, olvidando que había sido ardiente partidario de la elección de
legisladores de acuerdo con la población provincial, ahora, alegando la
inexactitud de los censos –pues parece que en 1861 si eran exactos– decreta que
se elijan tres diputados por cada provincia, a excepción de Esmeraldas, que
sería considerada como cantón de Manabí. “La intención actual –dice el
historiador Luis Robalino Dávila– era clarísima: la facilidad de influir
decisivamente, sin estorbos de ningún género, en tan corto número de
representantes entre los que se contarían altos funcionarios de su Gobierno,
para las reformas fundamentales que se proponía”.[13]
Y luego añade: “Las elecciones de diputados, en tal ambiente, fueron
“canónicas”, según la expresiva palabra popular, para los designados por García
Moreno. No hubo oposición ni otros candidatos”.[14]
La Carta de 1869 está suscrita por
28 diputados –Rafael Quintero y Erika Sylva hablan de 21– todos incondicionales
de García Moreno. Están altos funcionarios del gobierno, inclusive el
vicepresidente Elías Laso, amén de ministros y futuros ministros de Estado,
como Rafael Carvajal, Pablo Herrera, Pablo Bustamante y Francisco Javier
Salazar. Está la parentela del presidente, representada por José Domingo
Santiestevan, Roberto Ascázubi e Ignacio del Alcázar, los dos últimos sus
cuñados. Y claro, no pueden faltar los religiosos, un obispo y tres clérigos
según Robalino Dávila. El obispo es Ignacio Ordóñez, pero los clérigos no son
tres sino cuatro: Vicente Cuesta, Pedro José Bustamante, Tomás Hermenegildo
Noboa y José María Aragundi.
Los asambleístas, prácticamente,
son nombrados por García Moreno. Sólo dos ejemplos. A Rafael Borja, residente
en Cuenca, le dice lo siguiente: “Indico al Sr. Obispo y a Ordóñez la
conveniencia de que Ud., el Dr. Cuesta y el Dr. Vicente Salazar sean elegidos
para la Convención... Es necesario que las instituciones sean católicas, muy
católicas y esencialmente católicas”.[15]
Y al comandante Antonio Zambrano, gobernador de Chimborazo, le escribe esto:
“Apenas tengo tiempo para decirle que todos los amigos hemos acordado se
trabaje allá para diputados a la Convención por el Ilmo. Sr. Ordóñez, el Sr.
Dr. hermano de Ud. y el Dr. Pedro Lizarzaburo para diputados principales; los
suplentes les serán indicados por el Ilmo. Sr. Obispo y el Dr. Pedro
Lizarzaburo que sale mañana, pues en este momento no los recuerdo”.[16]
Como es de suponer, todos los seis son designados para tales cargos.
Total, una Asamblea de bolsillo.
Si Rocafuerte impugnaba con vehemencia la manera como se conformó la Asamblea
Nacional que dictó la Carta de la Esclavitud de Flores, esa resultaba
democrática, comparada con ésta. Pero el fin justifica los medios: crear un
instrumento jurídico adecuado para un gobierno “fuerte”.
Además, esta Constitución –ley
máxima de la república– cumple el papel de supeditar las normas legales a la
ideología conservadora de la religión católica, proceso iniciado antes de las
disposiciones contenidas en el Concordato. Ahora, que se exige ser católico
para ser ciudadano y que se suspenden los derechos de ciudadanía por pertenecer
a sociedades prohibidas por la iglesia, es más fácil dictar leyes o reformar
las existentes –como en efecto se hace– para ponerlas en consonancia con esa
Carta Negra. En el Mensaje dirigido a su Asamblea dijo: “Entre el pueblo
arrodillado al pie del altar del Dios verdadero, y los enemigos de la religión
que profesamos, es necesario levantar un muro de defensa, y esto es lo que me
he propuesto y lo creo esencial en las reformas que contiene el proyecto de
Constitución”.[17] Ese
ideal se ha realizado plenamente. El muro, verdadera muralla china, está
levantado.
No cabe duda que con tan poderoso
instrumental jurídico, la ideología conservadora adquiera fuerza inusitada, y
que se convierta, ya que esta es la función de toda ideología de retraso, en
una traba para el progreso del país. Una traba muy grande, porque es negación
de todo principio liberal y democrático. Y un régimen que maneja y se nutre de
esta ideología, no puede ser progresista.
 |
| Portada del libro (2016) donde el autor reproduce el artículo criticado |
No comprendemos que algunos
historiadores sostengan, como Enrique Ayala por ejemplo, que en el período
garciano, esa ideología confesional y reaccionaria, sea “instrumento de apoyo
para el desarrollo y ulterior hegemonía de las relaciones capitalistas”.[18]
Un caso por demás extraordinario: una ideología feudal convirtiéndose en
palanca de progreso.
Así mismo, basándose en la
“integración” o “modernización” atribuidas a García Moreno, otros justifican el
gobierno “fuerte”, con toda su secuela de crímenes y arbitrariedades
naturalmente. Dicen que eso era una necesidad imperiosa para conseguir ese fin.
Que la represión era necesaria para mantener el poder y alcanzar tan alto
cometido. Igual conclusión que la de Tobar Donoso: ¡labor pacificadora para que
evolucione el país!
* *
*
El gobierno de García Moreno se
instaura, con el apoyo de la aristocracia terrateniente y del clero, para
detener el proceso de reformas liberales y democráticas iniciadas con la
revolución del 6 de Marzo y que alcanzan su punto máximo en las
administraciones de Urbina y de Robles. Estas medidas, en su mayoría, están
enderezadas, cabalmente, a socavar el poder que detentan los terratenientes
sobre el campesinado.
En efecto, es abolida la
esclavitud, pese a la protesta de los más recalcitrantes señores esclavistas.
Se dicta la ley de 25 de noviembre de 1854 que contiene varias disposiciones
encaminadas a mejorar la situación del indio, como por ejemplo la supresión de
la llamada Protectoría de Indígenas,
instrumento colonial que se había convertido en fuente de clamorosos abusos,
pues los “protectores” eran los encargados de la liquidación de cuentas de los
conciertos, aparte, de todos los otros asuntos judiciales. Algunos pueblos y
comunidades de la Sierra se benefician con la posesión de las aguas que habían
sido usurpadas por los terratenientes cuyos “abusos ominosos que se alimentan
con la opresión de las clases desgraciadas”,[19]
son denunciados por el presidente Urbina en un Mensaje dirigido al Congreso el 29 de septiembre de 1856. También
se toman medidas para impedir ciertas prácticas que alimentan el concertaje,
base de la servidumbre indígena, que el ministro Antonio Mata censura con
fuerza en una Exposición dirigida a
las Cámaras Legislativas. Y, finalmente, se suprime el injusto tributo que pesa
sobre las espaldas de los indios, para cuya eliminación, debido a la
resistencia ofrecida por los latifundistas, se había venido preparando el
camino desde años atrás.
La actitud de Urbina, en especial,
es liberal y francamente favorable al indio, razón por la que el historiador
Costales Samaniego dice que debe ser considerado como uno de sus libertadores.
En el Mensaje que pide la supresión
de las protectorías, demostrando su comprensión del problema indígena, dice:
No se oculta que tanto las leyes
como las costumbres que engendró y produjo la conquista, colocaron y mantienen
aún a la raza indígena en una condición que tiene todos los caracteres de la
más oprobiosa esclavitud. La independencia de la Metrópoli ha sido poco
fructuosa, sino estéril, en resultados felices bajo este aspecto. Los indios
son los ilotas del Ecuador; fecundizan la tierra con su trabajo, erogan grandes
contribuciones para el sostenimiento del culto y aumento de los fondos del
Erario Nacional, y en reciprocidad no obtienen del orden social, sino un suma
muy limitada de bienes”.[20]
Mariátegui, refiriéndose al
presidente Castilla del Perú, afirma que sus méritos residen en lo que su
política tiene de reformadora y progresista, siendo sus “actos de mayor
significación histórica la abolición de la esclavitud de los negros y de la
contribución de indígenas”.[21]
Son cabalmente dos de las medidas tomadas por Urbina y Robles, medidas
verdaderamente progresistas como dice el Amauta, porque extirpan taras
precapitalistas. Porque afectan los intereses de los latifundistas.
Se alienta la organización y
expresión –por primera vez en la república– de las denominadas “sociedades
democráticas”, compuestas por artesanos y otros elementos de la pequeña
burguesía urbana sobre todo, que no obstante su corta vida, se convierten en
firme apoyo de las transformaciones democráticas que se realizan, motivo por
las que son combatidas y miradas con temor por la reacción terrateniente. Pablo
Herrera, ministro de García Moreno y teórico del garcianismo, afirma “que bajo
la administración del General Urbina se trabajó por difundir en el pueblo, y,
principalmente en los artesanos, principios que habían contribuido poderosamente
a la desorganización social”.[22]
Todo esto, al mismo tiempo que
acrecienta el prestigio de Urbina en amplios sectores de la población, que
reciben los beneficios de las medidas progresistas tomadas por su gobierno,
causan profunda inquietud, y si se quiere terror, en el lado contrario. “De
este modo –dice el historiador Enrique Ayala– el peligroso giro que habían
tomado los acontecimientos, exigían una enérgica reacción terrateniente, que
nunca dejó de prepararse a lo largo de la década”.[23]
La afirmación es absolutamente cierta.
Por tanto, la causa fundamental
del derrocamiento de Robles, que prosigue las reformas iniciadas, no es sino la
respuesta armada de los latifundistas. Para este fin se aprovechan de la
especial coyuntura creada en los últimos años de la década del cincuenta del
siglo XIX, sin siquiera vacilar en traicionar a la patria. Sus intereses están
por encima de todo. Desgraciadamente, logran su cometido.
Durante los gobiernos de García
Moreno su sombra, es la espada de Urbina. Está presente en todas sus
manifestaciones, inclusive en sus cartas particulares. Es que comprende, mejor
que nadie, que él defiende los principios liberales sustentados por el ala
radical de la naciente burguesía, antagónicos a las ideas de los conservadores
terratenientes, cuyo poder trata de consolidar. Y comprende, también, que
cuenta con una considerable fuerza popular que le respalda.
No obstante la índole represiva de
sus gobiernos, García Moreno no puede impedir las constantes sublevaciones,
unas veces dirigidas por Urbina y otras realizadas en su nombre. Y siempre
encuentran eco en los estratos populares. Basta citar las varias rebeliones que
tienen lugar en el sur de la república. María A. Vintimilla, en un estudio
sobre las formas de resistencia campesina en el austro ecuatoriano, afirma que
el urbinismo “consigue articular una gran masa de campesinos e indígenas sobre
todo de la actual provincia del Cañar y dirigir y conducir la oposición al
régimen garciano, hasta llegar al enfrentamiento armado”.[24]
Y dice también que esos movimientos, por primera vez, tienen la particularidad
de que los indios participan en ellos con fines netamente políticos, sin que
persigan, como en otras ocasiones, reivindicaciones inmediatas.
Cuando se proclama la candidatura
presidencial de Francisco Xavier Aguirre, cuyas ideas habían sido reprobadas
por un Concilio reunido en Quito –según consta en una carta que dirige a Raúl
Borja– García Moreno afirma que el triunfo de ese candidato, que es casi
seguro, significa “la restauración de los tauras” por las vinculaciones que
tiene con la burguesía guayaquileña. Este es el motivo principal para el
derrocamiento del presidente Espinosa y el establecimiento de su dictadura, y
no un supuesto apoyo de éste a la candidatura de Aguirre. En el acta de
pronunciamiento de 17 de enero de 1869, eso se consigna como único argumento.
Allí se dice, entre otros considerandos sobre el mismo tema:
4) Que el Gobierno no solamente ha puesto a la
cabeza de algunas provincias a urbinistas que trabajan para el triunfo de su
partido, sino que ve con indiferencia los atentados que ellos cometen, a pesar
de las denuncias de prensa y de los documentos que se han puesto de manifiesto,
haciéndose de esta suerte responsable de estos abusos escandalosos.
5)
Que Urbina ha venido a la frontera de la república a esperar que los traidores
le entreguen la importante plaza de Guayaquil, sin que el presidente de la
república hubiese dictado providencias eficaces para conservar el orden y la
paz interior.
8)
Que el restablecimiento de la bárbara dominación que cayó el primero de mayo de
1859, traería consigo el imperio de las llamadas doctrinas liberales y por
consiguiente el aniquilamiento completo de los principios religiosos, morales y
políticos en que estriban la estabilidad y el progreso de las naciones.[25]
Está claro, entonces, que desde un
principio hasta su finalización, el objetivo básico del régimen garciano es
impedir el retorno de un gobierno de tendencia liberal alentado por la
burguesía. Se trata, por lo mismo, de un retroceso en el desarrollo de la
nación. Benjamín Carrión, después de señalar algunas medidas progresistas de
los gobierno anteriores, dice con razón que el anti-programa de García Moreno no es otro que “deshacer, abolir todo lo que, en perjuicio
de los dominadores, habían hecho ya e intentaban seguir haciendo estos
liberales “regalistas”, masones, cuya expresión más peligrosa era el general
José María Urbina”,[26]
al que califica, con justicia, de noble figura de nuestra historia.
El libro donde se afirma lo que
arriba queda transcrito, García Moreno,
el santo del patíbulo, es a nuestro parecer una de las obras más
penetrantes sobre el significado político de la dictadura garciana. Por eso,
apenas aparecida, el conservadurismo se apresuró a encontrar defectos y
tildarla de “novelesca”, pese a que sus afirmaciones están ampliamente
documentadas. Y el mismo camino han seguido algunos historiadores y sociólogos
no conservadores. Se ha dicho que hace juicios de valor. Que llama tirano a
García Moreno y tacha de fea a la señorita Rosita Ascázubi. ¡Qué horror...!
Otro distinguido escritor
ecuatoriano, Leopoldo Benites Vinueza, luego de rebatir la falsa afirmación que
convierte a García Moreno en “constructor” de la nación, considera así la
índole de su régimen:
García Moreno fijó las bases
políticas del conservadurismo: tradicionalismo inconmovible, que sostenía las
bases económicas coloniales; insuficiencia de las leyes y acentuación de la
doctrina del hombre necesario, providencial y autócrata; aristocracia
gobernante sin opción de la masa a la deliberación política; afianzamiento del
latifundio como régimen económico de producción; sumisión de las masas indias y
mestizas por frenos religiosos a la omnipotencia del amo. Todo esto sostenido
por un clero regular y secular que era, a su vez, latifundista desde la época
de la Colonia.[27]
Estas concepciones y otras
parecidas que condenan al régimen garciano, por no estar de acuerdo con su
tesis de “progresismo” o “modernismo”, con sobra de arrogancia, han sido calificadas
de “liberales”, a la par que burdas, por el sociólogo y académico Gonzalo Ortiz
Crespo. Estas son sus palabras:
Estos “liberales” y la mayoría de
sus seguidores intelectuales, incluyendo a los marxistas mecanicistas (en
América Latina el comunismo comenzó como una ala radical del Liberalismo, con
lo que heredó una visión muy peculiar de la historia), tienen una burda
interpretación de García Moreno al que presentan solo como representante
oscurantista y retrógrado de los terratenientes. Se requiere un enfoque mucho
más preciso sobre aquel periodo, pues aunque existen algunas investigaciones
históricas, su carácter tradicional e intensamente partidistas las vuelven poco
útiles, a no ser como fuentes secundarias de datos.[28]
La historia es una ciencia social
y como tal es partidista, aunque se oculte esta característica con una falsa
imparcialidad. Pero el partidismo no se opone a la verdad histórica, porque
esta no está supeditada al criterio de tal o cual escritor –sea liberal o
conservador– sino a los hechos que realmente se verifican en el ser social. Los distintos juicios o
pareceres, por tanto, sólo deben ser desechados cuando no correspondan a esa
verdad, y no simplemente por ser “tradicionales” o “partidistas”, porque así
tendríamos que borrar casi toda nuestra historia.
Por lo dicho, sería aventurado
asegurar –aunque existen argumentos para eso– que las interpretaciones
neogarcianas sean provenientes de fuentes conservadoras. Y peor, afirmar que
sus intérpretes, sean seguidores del padre Berthe o del jesuita Gomezjurado.
Nosotros, a pesar de la opinión no
tradicionalista de Ortiz Crespo, seguimos creyendo que García Moreno es
representante típico de los terratenientes y del latifundismo, por lo menos
hasta cuando se presenten las famosas “fuentes primarias”.
Los avances del capitalismo que se
dan durante su dominio, que es la causa que obnubila a los sostenedores del
“progresismo” garciano –que por otra parte se verifica en todos los gobiernos
anteriores– ya dijimos que no obedecen a su gestión. La burguesía nacida como
resultado de ese ascenso tiene la suficiente fortaleza para que no pueda ser
ignorada por nadie, pues hasta el mismo Flores tuvo que reconocer este hecho e
inclusive pactar momentáneamente con ella. Y después de la revolución del 6 de
marzo, sobre todo en los regímenes de Urbina y de Robles, llega a romper la
hegemonía de los latifundistas y a implantar una serie de reformas favorables
para su causa. García Moreno, si bien obstaculiza el proceso iniciado, ya no
puede detenerlo.
El escritor Alejandro Moreano nos
dice lo siguiente sobre esta compleja etapa de la historia nacional:
(...) conforme la burguesía fue
consolidando su poderío económico, extendiendo el ámbito de la circulación de
capital, penetrando en mayores zonas del país, la aristocracia terrateniente se
fue atrincherando en la hegemonía ideológica. De allí que, al mismo tiempo que
García Moreno se veía, inevitablemente, obligado a desarrollar ciertas bases de
la circulación capitalista, fortalecía el poderío del clero, unificando a
través de la acción de los Jesuitas y su Congregación de Caballeros de la
Inmaculada, la conciencia y el poder de la aristocracia dominante.[29]
Aquí, lo importante es anotar, que
se admite el crecimiento independiente del capitalismo. El atrincheramiento de
la aristocracia terrateniente tras una ideología oscurantista, tiene por
finalidad defender sus intereses afincados en el latifundio, cuyo mantenimiento
y consolidación, amenazados por el avance del capitalismo, trata de conseguir a
toda costa. Esa ideología está sustentada sobre una base económica: la
propiedad de la tierra, sin la cual no hubiera podido ser impuesta como
dominante y única.
Nos parece que hemos dejado en
claro que García Moreno no es progresista ni constructor de la nación. La clase
terrateniente a la que él representa, que aquí en el Ecuador y en toda América
ha querido numerosas veces entregar el territorio patrio a naciones extranjeras
para proteger sus intereses materiales, no puede ser considerada como poseedora
de ningún proyecto nacional, como algunos sostienen. Si algo tiene esa clase,
es un proyecto anti-nacional.
[1] Tomado de Oswaldo
Albornoz Peralta, Páginas de la historia
ecuatoriana, t. I, Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín
Carrión”, Quito, 2007, pp. 379-401.
[2] Manuel Chiriboga, Jornaleros
y gran propietarios en 135 años de exportación cacaotera, Consejo
Provincial de Pichincha, Quito, 1980, p. 110.
[3] Rafael Quintero y Erika Sylva, Ecuador: una nación en ciernes, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, t. I, Quito, 1991, p. 128.
[4] Ricaurte Soler, Clase y
nación en Hispanoamérica, Editorial Universitaria Centroamericana, Costa
Rica, 1976, p. 24.
[5] David Bushnell, El régimen
de Santander en la Gran
Colombia, Ediciones Tercer Mundo, Bogotá, 1966, p. 253.
[6] Manuel Medina Castro, Para
la historia nacional de la codicia, Casa de la Cultura Ecuatoriana,
Núcleo del Guayas, Guayaquil, 1992, p. 65.
[7] Concordato celebrado entre
Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y el Presidente de la República del Ecuador,
Imprenta Nacional por M. Mosquera, Quito, 1866, p. 6.
[8] Manuel Medina Castro, op. cit., p. 68.
[9] Julio Estrada Icaza, Los
bancos del siglo XIX, Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil, 1976, p. 48.
[10] Rafael Quintero y Erika Sylva, op. cit., t. I. p. 128.
[11] Manuel Chiriboga, op. cit., p. 105.
[12] Julio Tobar Donoso, Desarrollo
Constitucional de la
República del Ecuador, Editorial Ecuatoriana, Quito,
1936, p. 45.
[13] Luis Robalino Dávila,
García Moreno, Talleres Gráficos
Nacionales, Quito, 1949, pp. 326-327.
[14]Idem, p. 329.
[15] Wilfrido Loor, Cartas de
García Moreno, t. IV, La Prensa Católica,
Quito, 1955, p. 105.
[16] Idem, p. 106.
[17] Alejandro Noboa, Recopilación
de Mensajes, t. III, Imprenta de El
Tiempo, Guayaquil, 1906, pp. 105-106.
[18] Enrique Ayala, “Gabriel García Moreno y la gestación del Estado
Nacional en el Ecuador”, en revista Cultura
N° 10, Banco Central del Ecuador, Quito, 1981, p. 173.
[19] Alejandro Noboa, op. cit., p. 250.
[20] Idem, p. 195.
[21] José Carlos Mariátegui, Siete
ensayos de interpretación de la realidad peruana, Empresa Editora Amauta
S.A., Lima, 1952, p. 73.
[22] Pablo Herrera, Apuntes biográficos
de un gran magistrado ecuatoriano señor doctor Gabriel García Moreno, Prensa Católica, Quito, 1921, pp.
74-75.
[23] Enrique Ayala, Lucha
política y origen de los partidos en Ecuador, Ediciones de la Universidad Católica,
Quito, 1978.
[24] María A. Vintimilla, “Las
formas de resistencia campesina en la sierra sur del Ecuador”, En Revista
del ILDIS N° 9, Cuenca, 1981, p. 155.
[25] Wilfrido Loor, Cartas de
García Moreno, t. IV, op. cit., p. 97.
[26] Benjamín Carrión, García
Moreno, el santo del patíbulo, Fondo
de Cultura Económica, México, 1959, p. 436.
[27] Leopoldo Benites, Ecuador:
drama y paradoja, Fondo de Cultura Económica, México, 1950, p. 225.
[28] Gonzalo Ortiz Crespo, La
incorporación del Ecuador al mercado mundial: la coyuntura socioeconómica
1875-1895, Banco Central del Ecuador, Quito, 1981, p. 54.
[29] Alejandro Moreano, “Capitalismo y lucha de clases en la primera
mitad del siglo XIX”, en Ecuador: pasado
y presente, Instituto de
Investigaciones Económicas, Quito, 1975, pp. 142-143.
